La entrada en marcha del Certificado Laboral para la Agroexportación coloca una nueva discusión sobre la mesa: ¿Qué debe acreditar México cuando una cadena agrícola busca acceder a los mercados internacionales?
Para Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), el principio de vincular las exportaciones con el cumplimiento de los derechos laborales es correcto, pero el mecanismo diseñado para el aguacate todavía presenta vacíos.
El programa piloto de VELAGRO comenzó el 15 de septiembre de 2026 y contempla una incorporación gradual de requisitos.
La STPS establece que, en la primera etapa, el certificado tendrá vigencia para las exportaciones de aguacate a partir del 1 de octubre, mientras que las distintas fases incorporarán información de productores, huertos, registros patronales y factores técnicos hasta avanzar hacia el régimen permanente.
Para el lídfer sindical, el problema no está en exigir responsabilidades a quienes participan en la agroexportación, sino en determinar qué se verifica realmente antes de otorgar el documento.
Su planteamiento parte de una diferencia entre demostrar que existe una relación formal ante las instituciones y comprobar que los derechos laborales se cumplen en el terreno.
El debate sobre qué significa certificar
Alejandro Martínez Araiza sostiene que la revisión de registros patronales y obligaciones ante el IMSS no necesariamente permite conocer la totalidad de las condiciones en las que trabaja un jornalero.
En ese escenario, plantea ejemplos relacionados con salario efectivo, seguridad en las labores de corte y utilización de equipo de protección.
Desde su perspectiva, una persona puede aparecer formalmente registrada y, al mismo tiempo, enfrentar condiciones laborales que no quedarían reflejadas en una base de datos.
La preocupación adquiere relevancia por la dimensión de la cadena aguacatera y por la distancia entre la población jornalera y quienes cuentan con seguridad social.
El SNAC considera que la certificación debería servir no solamente para acreditar registros, sino también para impulsar mecanismos capaces de detectar incumplimientos directamente en los centros de trabajo.
El dirigente también cuestiona las disposiciones graduales del programa; entre los puntos que señala están la posibilidad de emitir certificados cuando la información sea insuficiente, las autorizaciones excepcionales y los porcentajes progresivos de cumplimiento durante el periodo de implementación.
De la certificación a la inspección
La discusión también alcanza la protección de la información de productores y huertos, así como los criterios utilizados para definir quién forma parte de la cadena de valor.
Para el SNAC, una política de esta naturaleza requeriría participación de trabajadores y organizaciones sindicales legítimas en verificaciones sobre el terreno, particularmente en zonas productoras como Uruapan.
Alejandro Martínez Araiza plantea, además, que el mecanismo debería incorporar indicadores sobre libertad sindical, salario real y seguridad laboral, junto con canales anónimos de denuncia y consecuencias para quienes incumplan.
La propuesta sindical busca ampliar el debate hacia el T-MEC y el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
Ese último ya forma parte del sistema de cumplimiento laboral del tratado comercial y permite atender determinados casos relacionados con derechos de asociación y negociación colectiva.
La preocupación de fondo, según el dirigente, es que el nuevo certificado termine interpretándose como evidencia suficiente de cumplimiento laboral.
Para el secretario general del SNAC, la certificación debería representar el comienzo de una supervisión más amplia y no el punto final de la responsabilidad de las empresas agroexportadoras.
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
Alejandro Martínez Araiza lleva derechos laborales al debate del T-MEC
