CIUDAD DE MÉXICO, 05OCTUBRE2024.- Sergio Gutiérrez, abre la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en la que se discute la reforma en materia de vías de transporte ferroviario. Sergio Gutiérrez, fue elegido como nuevo presidente de la mesa directiva, luego del fallecimiento de la diputada Ifigenia Martínez. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, una reforma que reduce la edad para acceder a la pensión para adultos, de 68 a 65 años. También elevó a rango constitucional programas sociales creados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las propuestas, que buscan beneficiar a un mayor número de personas con recursos económicos, fueron respaldadas por unanimidad de 483 diputados en el recinto legislativo de San Lázaro.
Además de reducir de la edad para las pensiones de adultos mayores, el dictamen avalado también eleva a rango constitucional programas como la pensión para personas con discapacidad permanente, el programa Sembrando Vida, entre apoyos a productores, pescadores y campesinos.
La modificación establece que el Estado mexicano destinará cada año los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos que impliquen la transferencia de recursos directos para la población.
También indica que el monto de estos programas no podrá ser disminuido en términos reales. Además, hace responsable al Gobierno mexicano de garantizar la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieran ser procesada.
Así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, a pescadores de pequeña escala; y precios garantizados para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
Por su parte, se admitió una modificación para establecer que todos los mexicanos tienen derecho a disfrutar de vivienda adecuada y se agregó a los artículos transitorios que el Congreso dispondrá de un plazo de 180 días a partir de la publicación del decreto para armonizar la legislación secundaria en la materia.
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