Integrantes de la colectiva Justicieras Radicales realizaron la colocación de un tendedero de denuncias de agresores tanto sexuales como de violencia física en el Zócalo capitalino.
El diputado local Paul Ospital, del PRI, presentó una iniciativa para crear la “Ley Estatal del Registro de Agresores Sexuales” en Querétaro, con el fin de enfrentar el creciente problema del abuso sexual infantil. Si se aprueba, Querétaro se convertiría en la tercera entidad del país, después de Ciudad de México y Baja California, en implementar este tipo de registro.
La propuesta busca identificar y monitorear a personas condenadas por delitos sexuales, incluso tras cumplir su pena. Entre las medidas contempladas está la restricción para obtener licencias de conducir y acceder a ciertos empleos, particularmente en sectores que impliquen contacto con menores. Según Ospital, esta ley fortalecería la capacidad del estado para prevenir reincidencias y proteger a los grupos vulnerables.
El diputado subrayó la gravedad del abuso sexual infantil, destacando que el 70% de los casos son perpetrados por familiares cercanos, mientras que apenas el 2% se denuncia. “El abuso sexual infantil es un problema social más grave y oculto que el narcotráfico”, afirmó.
La iniciativa también permitiría que las víctimas accedan a la información del registro y, si lo desean, hagan pública la identidad de sus agresores. Este enfoque busca no solo la sanción legal, sino también un tipo de “sanción social” para los responsables. “Queremos que a estos agresores se les quede un ‘tatuaje’ de por vida, como el que llevan las víctimas”, declaró Ospital.
La medida cuenta con el respaldo de organizaciones como Corazones Mágicos, que atienden a menores víctimas de abuso sexual en Querétaro. Hasta la fecha, la institución ha asistido a más de 250 niños, quienes requieren terapias prolongadas para superar el trauma.
El registro propuesto estará disponible para entidades como la Fiscalía General de Querétaro y el Tribunal Superior de Justicia, quienes podrán utilizarlo para fortalecer la protección de la infancia y actuar preventivamente. La ley pretende, además de castigar a los agresores, promover un cambio social que reduzca la prevalencia del abuso sexual infantil en el estado.
Según datos nacionales, una de cada cinco niñas y uno de cada diez niños en México son víctimas de abuso sexual, lo que subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a la niñez.
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