El proceso de organización de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación (PJF) ingresó a su recta final luego de que el Senado de la República entregó los listados definitivos al Instituto Nacional Electoral (INE). No obstante, han surgido controversias por irregularidades en las candidaturas.
El caso más destacado es el de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien denunció haber sido incluida en el listado a pesar de haber renunciado al proceso. La magistrada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló a través de su cuenta verificada en X (antes Twitter):
“Hoy me entero que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió por parte del Senado de la República la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo. Para mi sorpresa estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado… Mi posición siempre ha sido clara, no a la reforma ni al desaseo que últimamente estamos presenciando”.
La magistrada entregó su renuncia al proceso electoral el 30 de octubre de 2024, tras la dimisión de Norma Lucía Piña Hernández. Sin embargo, su nombre apareció en la lista oficial publicada por el INE, ocupando la casilla número 10 en el apartado de candidatas a magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano que aún no existe.
Errores que violan la Constitución
Además de este caso, se han detectado al menos cuatro irregularidades que violan la Constitución. Entre ellas:
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Candidaturas duplicadas: La magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez figura tanto para una vacante en la Sala Superior del Tribunal Electoral como para mantenerse en la Sala Regional Guadalajara. De igual manera, Enrique Figueroa Ávila aparece como candidato a la Sala Superior y a la Sala Regional Xalapa del TEPJF.
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Cargos inexistentes: Tanto Lilia Mónica López Benítez como Sergio Javier Molina Martínez aparecen como magistrados en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial, tribunal que aún no existe. Lo mismo ocurre con Eduardo Osorio, quien aclaró que ni siquiera se inscribió en el proceso.
Estos errores violan el artículo 96, numeral tercero de la reforma constitucional aprobada el año pasado, el cual establece que “las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo”. Además, contravienen la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe a los juzgadores en funciones contender para un cargo distinto sin informar al Senado.
Críticas al proceso electoral
Diversos especialistas han calificado el proceso como una “elección de baja calidad” y un “experimento desordenado” debido a la falta de transparencia en el registro de aspirantes y en la conformación de las listas de candidatos. Tania Ramírez, de la organización Disentir, perteneciente al Observatorio Electoral, criticó que el Senado tardó casi 15 días en depurar los nombres, lo que generó dudas sobre la calidad del proceso.
Por su parte, Luis Enrique Pereda, exintegrante del Comité Evaluador del Poder Judicial, afirmó que la “elección judicial empezó mal y va a terminar peor”, argumentando que el método de selección mediante tómbola es “la negación del derecho por la política”.
Respuesta del INE y expectativas para la jornada electoral
El INE ha manifestado su compromiso de revisar las listas y corregir los errores antes de la impresión de las boletas electorales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que el INE es responsable de solucionar las inconsistencias en las listas y que a nivel federal se han destinado 8 mil millones de pesos para la organización de los comicios.
La jornada electoral está programada para el 1 de junio de 2025, cuando se elegirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y jueces de distrito.
Aunque el Senado ha intentado subsanar los errores detectados, persisten dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral. La atención a estas irregularidades será fundamental para garantizar la credibilidad y calidad democrática de esta elección sin precedentes en la historia de México.
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