La venta de huachicol sigue siendo un problema crítico en las autopistas del país, destacando la carretera México-Querétaro, donde se contabilizan más de 200 puntos de venta ilegal de gasolina y diésel, según un recuento del diario Reforma.
Uno de los tramos más alarmantes es el que va del kilómetro 138 al 142, en la zona limítrofe de Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. En tan solo 4 kilómetros, se ubican más de 40 puntos de venta clandestina, mientras que las gasolineras legales apenas llegan a dos en este tramo.
El huachicol se ofrece a precios significativamente más bajos que el combustible legal: la gasolina se vende a 14 pesos por litro (42% más barata), mientras que el diésel alcanza los 16 pesos, frente a los 26 pesos en promedio en gasolineras formales.
La presencia de la Guardia Nacional no detiene la venta de huachicol
Aunque las autoridades presumen capturas de líderes criminales en estas entidades, el negocio ilícito florece en locales improvisados, como vulcanizadoras o tiendas. La disputa por los ductos de Pemex entre Tula y Salamanca ha intensificado los «piquetes» en Guanajuato y Querétaro, generando un incremento en el robo de combustible.
Huachicoleo también crece en Nuevo León
El problema no se limita al Bajío. En Nuevo León, carreteras como el Libramiento Noroeste, la Carretera a Colombia y la Federal 57 son puntos de venta clave para el huachicol. En 2024, se registró un aumento del 64% en tomas clandestinas en 10 municipios del estado.
Informes de inteligencia militar y la Fiscalía General de la República identifican a localidades como Cadereyta, Santa Catarina y García como focos rojos del robo de combustibles. El corredor de ductos que conecta la Refinería de Cadereyta con Reynosa y Matamoros es un punto estratégico para el crimen organizado, donde las balaceras son frecuentes.
Impacto social y económico
El huachicoleo no solo representa pérdidas millonarias para Pemex, sino que pone en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas a los ductos. Además, su operación ilegal expone a los compradores a combustibles de baja calidad que dañan vehículos y al medio ambiente.
Urgen medidas más efectivas para combatir esta problemática que afecta a la economía, la seguridad y el desarrollo del país.
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