El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) ha dado un paso histórico: iniciar un procedimiento especial contra México ante indicios de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en el país. Es la primera vez que este mecanismo, contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, se activa para un Estado parte.
¿Qué implica este procedimiento de la ONU?
El artículo 34 establece que, si el Comité recibe información bien fundamentada que indique la práctica sistemática o generalizada de desapariciones forzadas, puede solicitar al Estado información urgente y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU, con el fin de activar mecanismos de escrutinio internacional.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, señaló que “la información recibida indica de forma creíble que hay una práctica sistemática de desapariciones en México”. Aclaró que este paso no prejuzga las conclusiones finales, pero marca un hito en la supervisión internacional.
Este mecanismo solo se activa cuando se han agotado otras vías, como las acciones urgentes y comunicaciones individuales. La decisión fue celebrada por organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes han documentado durante años la magnitud de la crisis.
El caso Teuchitlán y el hallazgo en el rancho Izaguirre
Uno de los hechos que encendió las alarmas internacionales fue el descubrimiento de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. En el rancho Izaguirre se encontraron restos óseos, casquillos, objetos personales y evidencia de tortura. El Comité de la ONU solicitó medidas urgentes al Estado mexicano para preservar los restos y garantizar su análisis genético.
Además, pidió una búsqueda coordinada con participación activa de familiares, respeto a la cadena de custodia, y protección a quienes realizaron el hallazgo. Diversos colectivos han denunciado amenazas e intimidaciones, a pesar de contar con medidas cautelares de la CNDH.
Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, explicó que 18 casos fueron presentados al Comité solicitando protección de evidencia e intervención directa. “Pedimos no solo el resguardo, sino el reconocimiento de las familias como actoras fundamentales del proceso”, afirmó.
México niega, la ONU insiste
Ante el anuncio del procedimiento, la reacción del gobierno mexicano fue defensiva. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, acusó al Comité de actuar con sesgo político. Afirmó que desde 2018 no se practican desapariciones forzadas desde el Estado y que se han desplegado estrategias inéditas de búsqueda y justicia.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, también rechazó que en el país exista desaparición forzada sistemática desde el Estado. La presidenta atribuyó el fenómeno principalmente a la delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también rechazó los señalamientos de la ONU. Alegó que no existe evidencia de una práctica generalizada, y consideró que las recomendaciones internacionales podrían entorpecer las acciones del Estado mexicano.
Sin embargo, expertos como Santiago Corcuera, expresidente del CED, y Jacobo Dayán, académico de la UNAM, desmintieron estas posturas. “Negar la responsabilidad del Estado por omisión o complicidad es erróneo. Las desapariciones ocurren muchas veces bajo la aquiescencia de autoridades”, subrayó Corcuera en entrevista.
Destacó que, por primera vez, el Comité utilizó la palabra “sistemáticas”, lo que implica la existencia de un plan o patrón organizado de desapariciones, ya sea por parte del Estado o de grupos criminales con tolerancia gubernamental. “Esto coloca a México bajo sospecha de cometer crímenes de lesa humanidad”, afirmó.
Querétaro y las desapariciones: una crisis silenciada
En medio de este debate nacional e internacional, Querétaro no ha quedado exento. Aunque la entidad no aparece en los primeros lugares por número de desaparecidos, organizaciones civiles han denunciado un preocupante subregistro, negligencia institucional y criminalización de las víctimas.
Colectivos como Desaparecidos Querétaro y el Observatorio de Violencias de Género han señalado que los casos no se investigan con perspectiva de derechos humanos, que las búsquedas son limitadas y que hay resistencia institucional a aplicar protocolos adecuados.
“El hecho de que se diga que en Querétaro ‘no pasa nada’ es parte del problema. Hay personas desaparecidas, hay familias que buscan, y hay un aparato estatal que no escucha”, denunció Anaís, integrante del colectivo Buscadoras Qro.
Además, se ha documentado que muchas desapariciones en la región están relacionadas con redes de trata, explotación laboral y desapariciones vinculadas al crimen organizado. La falta de recursos en la Comisión Local de Búsqueda y la opacidad en los datos oficiales agravan la situación.
¿Qué puede pasar ahora?
México deberá entregar información detallada al Comité en las próximas semanas. Luego, el CED decidirá si presenta el caso al Secretario General de la ONU, quien a su vez podría someterlo a la Asamblea General.
Si se confirma la gravedad de la situación, la Asamblea podría recomendar la instalación de mecanismos de supervisión, envío de misiones especiales o acciones diplomáticas. No se contemplan sanciones, pero sí una presión internacional inédita para garantizar verdad y justicia.
Para Jacobo Dayán, este momento representa un punto de quiebre: “México necesita ayuda externa para superar el caos institucional. Hay una crisis humanitaria que no puede seguir siendo negada”.
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