La reciente implementación de la Reforma Judicial ha causado revuelo en el ámbito judicial mexicano, y Querétaro no ha sido la excepción. Dos importantes figuras del sistema judicial, María de Jesús Paola Castro Nava, magistrada del Poder Judicial de la Federación, y Vicente de Jesús Peña Covarrubias, juez de Distrito, fueron insaculados como parte de los ocho jueces y magistrados seleccionados a través de la tómbola llevada a cabo en el Senado de la República, un mecanismo que ambos consideran no solo discriminatorio, sino una amenaza a la autonomía judicial.
Durante la insaculación, que ocurrió hace cinco días, se seleccionaron a los participantes de un proceso inédito en el que jueces y magistrados deberán someterse a una elección popular en junio de 2025 para decidir quiénes ocuparán sus cargos. Este mecanismo ha generado críticas contundentes entre los afectados. Castro Nava y Peña Covarrubias han declarado que declinarán su participación en este proceso, señalando que la reforma vulnera los derechos de la ciudadanía y denigra el papel del Poder Judicial.
Críticas al Proceso
Peña Covarrubias fue claro al señalar que el procedimiento compromete la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. Según el juez, el hecho de que los cargos judiciales ahora se sometan al voto popular permite una fuerte injerencia política en las decisiones judiciales, argumentando que este sistema abre la puerta para que solo los candidatos del Legislativo y Ejecutivo, dominados por Morena, puedan llegar a ocupar estos cargos.
«Esto significa que la ciudadanía ya perdió a mil 700 juzgadores», enfatizó Peña Covarrubias, haciendo referencia a los jueces y magistrados que han sido removidos como parte de la reforma. De estos, aproximadamente 400 ya han manifestado su declinación a participar en este proceso.
Por su parte, la magistrada Castro Nava compartió su preocupación sobre cómo este cambio afectará la calidad de la justicia en el país. «Es un mecanismo que denigra nuestra labor y trastoca los derechos de los ciudadanos», afirmó. La magistrada también destacó el impacto en los procesos judiciales que quedarán inconclusos debido a la salida de jueces y magistrados que han decidido no participar en el nuevo sistema.
Confianza en la Corte
A pesar de este panorama, Peña Covarrubias mantiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga y detenga la implementación de la Reforma Judicial, argumentando que contraviene los principios de la Constitución Mexicana. Confía en que el máximo tribunal podría revertir el proceso, incluso aunque la reforma haya sido aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras legislativas.
«Hay confianza en que la Corte va a resolver como debe de resolver», afirmó, dejando en claro que el Poder Judicial aún tiene herramientas legales para combatir lo que consideran una grave amenaza a su independencia.
Futuro Incertidumbre
Mientras tanto, el futuro de muchos jueces y magistrados sigue siendo incierto. Con más de 400 funcionarios que ya han abandonado o están por abandonar sus cargos, el sistema judicial podría enfrentarse a una parálisis en algunos procesos clave. Castro Nava advirtió que muchos de los nuevos jueces que asumirán estos cargos podrían no estar adecuadamente preparados para lidiar con la carga de trabajo y los desafíos judiciales que heredan.
Este escenario plantea importantes interrogantes sobre el equilibrio entre la reforma judicial, la independencia de los jueces, y el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial y libre de injerencias políticas. Mientras tanto, la atención se centra en las acciones que pueda tomar la Suprema Corte y el impacto que esto tendrá en el futuro del Poder Judicial en México.
Esta situación refleja la creciente tensión entre el Legislativo y el Poder Judicial en México, y cómo las reformas estructurales pueden generar repercusiones no solo en las instituciones, sino también en los derechos de los ciudadanos y la estabilidad del país.
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