Un violento motín desatado en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), ubicado en Villahermosa, generó caos durante la madrugada de este jueves. La confrontación incluyó incendios y disparos al interior del penal, resultando en un operativo de las autoridades y dejando al menos dos internos muertos y un número indeterminado de heridos.
Desde las primeras horas del día, familiares de los internos recibieron llamadas alertando sobre los disturbios. Angustiados por la falta de información sobre el estado de sus seres queridos, cientos de personas se congregaron frente al penal, ubicado sobre la carretera Frontera-Villahermosa, bloqueando ambos carriles de forma indefinida.
Los manifestantes exigieron que el director del Creset les proporcionara una lista de heridos y fallecidos o les permitiera el acceso al penal, dado que los jueves son días de visita. «Queremos saber si están vivos», clamaron madres, padres y esposas de los internos mientras esperaban respuestas.
El fiscal de Tabasco, José Barajas, confirmó que el motín fue provocado por dos internos considerados generadores de violencia en el estado. Aunque no se ofreció un número exacto de heridos, el funcionario pidió calma a los familiares, indicando que ingresaría al penal para evaluar la situación.
Mientras tanto, policías, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército ingresaron al penal usando gas lacrimógeno para controlar la situación, mientras columnas de humo eran visibles desde el exterior.
El motín en el Creset también provocó violencia en otras zonas del estado. Durante la madrugada, se registraron actos vandálicos en los municipios de Centro, Nacajuca y Jalapa, donde se contabilizaron diez vehículos y tres tiendas Oxxo incendiadas. Además, apareció una narcomanta con amenazas y ponchallantas fueron colocados en la carretera a Cárdenas.
El gobierno de Tabasco convocó a una conferencia de prensa para detallar los hechos ocurridos tanto en el penal como en los municipios afectados. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los familiares, quienes temen represalias por identificar públicamente a los internos afectados.
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