Con la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos programada para el 20 de enero de 2025, una de las primeras promesas de su administración ya ha encendido un debate político y social. Este 22 de diciembre, en un mitin, Trump aseguró que designará a los cárteles de drogas mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, una medida que podría justificar acciones militares en suelo mexicano.
“Vamos a hacerlo inmediatamente”, afirmó Trump, dejando claro que su objetivo es endurecer las políticas contra el crimen organizado que afecta a ambos países.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó tajantemente la propuesta de Trump, subrayando que esta medida podría amenazar la soberanía nacional.
“Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente, y no aceptamos injerencismos”, declaró Sheinbaum en un acto público.
El anuncio también ha provocado divisiones dentro de la política mexicana. Mientras Sheinbaum defiende la soberanía y rechaza cualquier intervención extranjera, miembros de la oposición, como los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), han utilizado las declaraciones de Trump para criticar la estrategia de seguridad del actual Gobierno.
Designar a los cárteles como organizaciones terroristas permitiría a Estados Unidos ampliar su alcance militar y justificar intervenciones unilaterales. Según Jesús Pérez Caballero, investigador en Seguridad Internacional del Colegio de la Frontera Norte, esto podría incluir desde ataques con drones hasta operativos encubiertos para desmantelar laboratorios de drogas.
Históricamente, esta denominación ha servido a EE.UU. para justificar operaciones extrajudiciales en países donde considera necesario intervenir, como Afganistán o Irak. Sin embargo, aplicar esta estrategia en México podría tener consecuencias devastadoras para la relación bilateral y el panorama interno mexicano.
Isidro Morales, del Centro de Estados Unidos-México de la Universidad de Rice, considera que esta medida es un instrumento de presión política. “Trump busca obligar a México a tomar acciones más contundentes contra el narcotráfico, especialmente en la producción de fentanilo, pero sería un desastre si esto se traduce en intervenciones directas”, asegura Morales.
La propuesta de Trump llega en un momento en el que México enfrenta una crisis de inseguridad, con cifras alarmantes de violencia y homicidios. Según una encuesta del diario Reforma, el 46% de los mexicanos estaría de acuerdo en que Estados Unidos ayude a combatir la inseguridad, pero el 50% rechaza la idea, reflejando un país dividido.
Para Claudia Sheinbaum, aceptar cualquier tipo de injerencia extranjera sería contrario a los principios de soberanía nacional. No obstante, analistas como Carlos López Portillo sugieren que la postura de Estados Unidos también es contradictoria. “EE.UU. se presenta como defensor de la democracia y condena la invasión rusa en Ucrania, pero justificaría una incursión en México usando el argumento del terrorismo”, señala.
Además, López Portillo resalta la corresponsabilidad de EE.UU. en la crisis de seguridad mexicana, como el principal consumidor de drogas, proveedor de armas y receptor de recursos del crimen organizado.
Mientras Sheinbaum reafirma que no permitirá injerencias, algunos analistas prevén que las tensiones entre ambos países podrían desembocar en acuerdos puntuales.
“La Administración de la presidenta Sheinbaum debe ser profundamente pragmática”, opina Clemente Romero Olmedo, experto en seguridad nacional. Según Romero, el escenario ideal sería una cooperación conjunta que tome en cuenta la corresponsabilidad de ambos países. Sin embargo, la retórica nacionalista de Sheinbaum y las políticas agresivas de Trump complican el panorama.
Por otro lado, se teme que las políticas de Trump exacerben un sentimiento nacionalista en México, dificultando aún más una colaboración efectiva. “Nadie ganaría con esto”, concluye Isidro Morales, señalando que tanto Estados Unidos como México tienen más que perder que ganar si no se gestionan adecuadamente las tensiones.
Para definir eso, primero veamos las definiciones de las agencias de investigación e inteligencia estadounidenses:
El FBI define el terrorismo como:
“El uso ilegal de la fuerza o violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, la población civil, o cualquier segmento de la misma, con el fin de alcanzar objetivos políticos o sociales.”
La CIA utiliza la definición del Departamento de Estado de EE.UU., que considera el terrorismo como:
“Violencia premeditada y políticamente motivada perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, usualmente con el propósito de influir en una audiencia.”
¿Cuáles son los argumentos en contra de considerarlos terroristas?
¿Y cuáles los argumentos a favor?
En resumen, aunque los cárteles mexicanos no encajan completamente en las definiciones tradicionales de terrorismo del FBI o la CIA debido a la falta de una motivación política o social explícita, algunas de sus tácticas y efectos pueden ser considerados como actos de terrorismo. Esta ambigüedad es la que ha llevado al debate sobre su designación formal como «organizaciones terroristas extranjeras».
El anuncio de Trump ha evidenciado las tensiones históricas entre ambos países en materia de seguridad y soberanía. Para México, aceptar la ayuda estadounidense en la lucha contra el crimen organizado podría interpretarse como una derrota política, mientras que para Trump, posicionarse como el líder que enfrentó al narcotráfico mexicano refuerza su imagen ante sus votantes.
En medio de este panorama, la presidenta mexicana enfrenta el reto de proteger la soberanía nacional sin cerrar las puertas a la cooperación, en un contexto donde la violencia y la inseguridad siguen siendo las principales preocupaciones de la ciudadanía.
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