El tiempo que esto lleve
El coordinador de Morena dijo a los reporteros que se encuentran en las gradas del lugar, arriba de una silla y gritando desde el piso de la sala de armas, que la reforma al poder judicial se debatirá en una sola sesión «sin importar la extensión de tiempo que esto lleve».
También detalló que se aprobó instalar una comisión de diálogo para recibir a las y los empleados del poder judicial, así como a todas las personas que se han mostrado inconformes con el proyecto. Esto lo encabezará Alfonso Ramírez Cuéllar, el vicecoordinador de Morena.
Monreal Ávila, adelantó que sí participarán todos los grupos parlamentarios, y que habrá seis rondas de posicionamientos a favor y seis en contra previo a la aprobación en lo general.
¿Pero se logrará?
La jornada no ha estado sin contratiempos. La bancada del Partido Acción Nacional demandó el ingreso de todos sus diputados a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca. Y, tras atender los reclamos del PAN y un receso de 30 minutos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados reinició los trabajos de la sesión ordinaria para aprobar la reforma al Poder Judicial Federal.
A pesar de la postura de Morena en contra, el presidente en turno de la cámara, Sergio Gutiérrez Luna, concedió el receso para permitir el ingreso del panismo al deportivo, que también es bloqueado por trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de derecho, y que es custodiado por decenas de policías de la Ciudad de México.
«Las dificultades las tenemos todos los grupos parlamentarios», objetó Leonel Godoy (Morena), en referencia a que los legisladores no cuentan con comida, están sentados en sillas plegables, que no existen suficientes contactos para recargar los teléfonos móviles ni Wifi.
¿De qué va la Reforma Judicial?
La Reforma Judicial forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el presidente de la República, en febrero pasado, para modificar diversas partes de la Constitución mexicana. Esta ha sido una de las reformas más controversiales por meterse con uno de los instrumentos autónomos que permiten tener un contrapeso al gobierno en turno.
El dictamen a debatirse contempla cuatro cambios importantes que explicamos a continuación.
Jueces y magistrados elegidos por voto popular
La reforma propone modificar el artículo 95 constitucional para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Sala Superior, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por voto libre, directo y secreto, por un período de 12 años y no de 15, como es actualmente.
De acuerdo a Morena y AMLO, el cambio a eleciones por voto popular reduciría la corrupción (no sabemos exactamente cómo, porque pues ahí están todos los políticos corruptos, ¿no?). Sin embargo, quienes están en contra dicen que no solo no reduciría, si no que se abriría a haber más corrupción y a tener campañas de magistrados pagadas por narcos.
Nueva integración de la SCJN
Además, se prevé reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución, a fin de reducir los ministros de la SCJN, de 11 a 9. Asimismo, la duración de su encargo pasaría a ser de 12 años, en lugar de 15.
También se buscaría cambiar la presidencia de la Suprema Corte, que se renovaría cada dos años de manera rotatoria «en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva. Correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación», según el dictamen. Ahora son los ministros los que eligen a su presidente.
Las dos salas que tiene actualmente el máximo tribunal serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todos tengan acceso a los temas que se discuten.
Contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros. Además de un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México que, según el Gobierno federal, es de unos 8 mil dólares mensuales.
Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
Entre los cambios se plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se encarga de la administración de la Judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces.
La propuesta busca que sea reemplazado por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
El primero estará encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, según el documento de la reforma.
El Órgano de Administración Judicial estaría integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. El Poder Ejecutivo nombraría a uno; el Senado, a otro; y la SCJN, a tres. Su presidencia también cambiará cada dos años y será rotativa entre sus jueces conforme a los resultados de la votación.
Sus funciones contemplan la recepción de denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley o a la Administración de Justicia.
Otro punto contemplado es la figura de «jueces sin rostro» que tiene como fin proteger a quienes resuelvan casos sobre crimen organizado.
«Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras», indica.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por siete miembros, uno de los cuales es el presidente de la Suprema Corte y también del Consejo; tres magistrados y jueces de Distrito, designados por el pleno de la Corte por mayoría de cuando menos ocho votos; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de México.
Nuevas reglas procesales
La reforma propone cuatro nuevas reglas:
- Justicia expedita: propone un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales.
- Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
- Justicia local: los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
- Fideicomisos del Poder Judicial: cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Críticas a la reforma
Aunque López Obrador y Morena aseguran que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados, la reforma ha sido blanco de críticas de diversos actores.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de abogados advirtieron que las propuestas “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.
En un informe publicado en mayo pasado, señalan que “muy pocos países del mundo eligen a jueces por votación popular. De los cuales solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.
El magistrado Daniel Sánchez Montalvo, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo anteriormente a CNN que esta reforma judicial propuesta por el Gobierno representa «un ataque directo a la división de poderes».
Sánchez Montalvo opinó que el riesgo más importante, en caso de ser aprobada, «es la afectación a la independencia judicial que tiene que regir y privar en todos los países». Agregó que esto significa «que no debe existir ninguna influencia externa, ni interna, al momento de que los juzgadores resuelvan o emitan sus resoluciones».
López Obrador ha defendido la reforma en distintas ocasiones. En junio afirmó, por ejemplo, que los únicos que se oponen a la ella son los “machuchones” –término con el que se refiere a personas poderosas– quienes, según sus palabras, han beneficiado a presuntos delincuentes.
“Los verdaderos empresarios quieren un Estado de derecho, los especuladores quieren un Estado chueco, ellos son los que no quieren una reforma para limpiar de corrupción al Poder Judicial”, señaló el mandatario.
Las reformas constitucionales requieren el voto de las dos terceras partes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la mayoría de los Congresos estatales.