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México retrocede en lucha anticorrupción: informe revela fallos clave

CIUDAD DE MÉXICO, 20NOVIEMBRE2024.- Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado con 347 votos a favor y 128 en contra el dictamen en materia de simplificación orgánica. En la imagen, legisladores de Morena muestran cartulinas con la frase "No más despilfarro y corrupción". FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La lucha contra la corrupción en México enfrenta importantes desafíos, según el informe de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2023-2024, elaborado por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights. El país obtuvo una calificación general de 4.62 sobre 10, quedando por debajo de la media en un ranking que analiza los esfuerzos anticorrupción de 18 naciones de la región.

El documento revela un retroceso significativo, ya que México cayó del noveno lugar en la edición 2021-2022 al onceavo lugar en el actual periodo. Entre los factores más alarmantes destacan la persistente impunidad, la ineficacia de las fiscalías y recientes decisiones políticas que afectan la independencia de organismos clave en la transparencia y rendición de cuentas.

Marco legislativo robusto, pero insuficiente

Aunque México sobresale en el aspecto legislativo con una calificación de 8.57 sobre 10, el informe destaca que el marco jurídico no ha logrado traducirse en una implementación efectiva. La falta de recursos y apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha limitado su capacidad para combatir la corrupción de manera real y sostenida.

Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la estructura institucional de México requiere mejoras significativas en la selección de perfiles profesionales, así como en la ejecución y supervisión de procesos públicos. “La falta de un servicio profesional de carrera debilita la calidad y objetividad en las funciones del gobierno, creando oportunidades para la corrupción”, señala el informe.

Prácticas gubernamentales cuestionadas

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el uso frecuente de adjudicaciones directas en contrataciones públicas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas excepciones, que evitan procesos de licitación, se utilizaron en proyectos de infraestructura como el Tren Maya y en instituciones de salud. Este mecanismo, aunque permitido por la ley, ha generado preocupación por su falta de transparencia y rendición de cuentas.

El retroceso también se refleja en la información disponible sobre contratos gubernamentales, la cual ha disminuido en cantidad y calidad. Esto dificulta el monitoreo ciudadano y el acceso a datos que permitan evaluar la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Sector privado: responsabilidad limitada

El informe también analiza la participación del sector privado en la lucha anticorrupción. Aunque las empresas y particulares pueden enfrentar sanciones administrativas y penales por actos de corrupción, incluyendo multas de hasta 162 millones de pesos e inhabilitación para contratar con el gobierno, no se ha registrado ningún caso relevante de responsabilidad penal corporativa en el país.

El documento también destaca que las empresas tienen restricciones para contratar exfuncionarios públicos, lo que busca evitar conflictos de interés. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para generar un cambio sustancial en la percepción y prácticas de corrupción en el ámbito privado.

Transparencia y denuncias: un sistema ineficaz

Aunque México cuenta con diversos mecanismos de transparencia, el informe critica la falta de resultados tangibles en el Sistema de Alertadores de la Corrupción. La comunidad jurídica señala que no existe información pública sobre las denuncias presentadas, ni sobre las medidas de protección a los denunciantes o los casos sancionados. Además, no se contempla la posibilidad de otorgar compensaciones económicas por reportar actos de corrupción, lo que podría desalentar a los ciudadanos a denunciar.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue identificado como la autoridad más eficaz en materia de transparencia. Sin embargo, su reciente desaparición por parte del Congreso representa un golpe significativo a los esfuerzos por garantizar el acceso a la información y fortalecer la rendición de cuentas.

Independencia institucional en crisis

El informe también evalúa la independencia y capacidad de las instituciones responsables de combatir la corrupción. La comunidad jurídica calificó con apenas 2.00 puntos sobre 10 a las autoridades administrativas, 2.03 al Ministerio Público y 5.10 a la Judicatura. Estos resultados reflejan una preocupante dependencia de las instituciones hacia el poder ejecutivo, lo que debilita su autonomía y eficacia.

Asimismo, se evidenció que la lucha contra la corrupción ha sido utilizada con fines políticos, centrándose en casos de administraciones anteriores, pero sin resultados significativos en términos de judicialización o sanciones.

Contraste regional y el caso de Querétaro

Mientras México enfrenta estas dificultades, otras naciones como Uruguay, Chile y Costa Rica lideran la región con mejores prácticas anticorrupción. En el ámbito nacional, Querétaro se posiciona como un referente al obtener la mejor percepción de ausencia de corrupción según el índice del IMCO. Esta entidad ha implementado estrategias que combinan tecnología y supervisión para garantizar la transparencia en la gestión pública.

Conclusión

El informe Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2023-2024 deja claro que México enfrenta serios desafíos en su lucha contra la corrupción. Aunque el país cuenta con un marco legislativo sólido, los retrocesos en transparencia, la falta de independencia institucional y la impunidad generalizada impiden avances significativos.

Para revertir esta tendencia, es fundamental fortalecer la implementación del SNA, garantizar la autonomía de las instituciones clave y promover una cultura de rendición de cuentas tanto en el sector público como en el privado.