Irregularidades en penales de Querétaro y Jalisco

16

abril

Autor: Redacción

Querétaro, 16 abril.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) encontró diversas irregularidades en centros de detención en los estados de Querétaro y Jalisco.

Por tal motivo, convocó a los gobiernos de dichas entidades y a las correspondientes fiscalías generales, a valorar las medidas para prevenir actos de autoridad que vulneren la integridad de las personas privadas de la libertad, así como dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención e internamiento en esas entidades.

Con el objeto de mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, en especial de grupos vulnerables, el MNPT les solicitó designar a personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan derechos humanos como lo son trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud e integridad personal.

Así quedó consignado en los Informes de Supervisión 1/2018 y 4/2018 que el MNPT dirigió a Francisco Domínguez Servién y Aristóteles Sandoval, gobernadores de Querétaro y Jalisco, respectivamente, y a los fiscales Alejandro Echeverría Cornejo y Raúl Sánchez Jiménez, sobre lugares de privación de libertad, tras las correspondientes visitas realizadas en junio y noviembre de 2017, por el Mecanismo a diversos lugares de detención en que se examinaron el ingreso y permanencia de las personas privadas de la libertad, así como el trato y condiciones de detención.

En las entrevistas anónimas aplicadas a personas privadas de la libertad se conocieron situaciones de maltrato que reciben por personal de seguridad, falta de estancia digna, higiénica, con ventilación, iluminación natural y artificial, agua para el aseo personal, sanitarios adecuados y planchas para dormir, así como carencia de alimentación adecuada y suficiente.

Se observó que personas privadas de la libertad ejercen funciones exclusivas de la autoridad, gozan de privilegios y cobran cuotas a los demás internos para acceder a algunos servicios, lo que fomenta el autogobierno, provoca situaciones de violencia y favorece el tráfico de sustancias prohibidas.

Además, se detectó sobrepoblación, hacinamiento; así como falta de lugares de detención, aseguramiento e internamiento para la población femenil, lo que coloca a las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; falta de áreas adecuadas para establecer comunicación privada y libre entre detenidos y defensores, lo que viola diversas disposiciones nacionales e internacionales en la materia.

La supervisión también comprendió entrevistas con médicos, abogados y psicólogos, personal ministerial y de seguridad; revisión de expedientes y formatos de registro, y recorridos generales por las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones en que se encontraban las áreas.

En Querétaro, la CNDH tuvo el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos de esa entidad para visitar 34 lugares que comprenden 25 fiscalías y unidades del Ministerio Público bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado; tres centros de reinserción social y el Centro de Internamiento Especializado para Ejecución de Medidas para Adolescentes, dependientes de la Secretaría de Gobierno, así como una casa hogar del Sistema Estatal DIF, además de cuatro instituciones privadas de asistencia social, entre ellas dos casas hogar, un albergue y un instituto de rehabilitación para víctimas de maltrato, todas para la atención de menores de edad.

Fueron 21 los lugares de detención e internamiento los visitados en Jalisco con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo desglose comprende 5 Agencias del Ministerio Público, 5 Centros de Reinserción Social y 2 Centros de Tratamiento para Adolescentes, todos bajo la jurisdicción de la Fiscalía General; 2 Hospitales Psiquiátricos adscritos a la Secretaría de Salud; 6 casas hogar y un centro contra las adicciones de carácter privado.

El MNPT tiene como atribución la prevención de actos que pudiesen constituir tortura o malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes, por lo cual se promovió e impulsó la observancia de los derechos humanos por los servidores públicos que se encuentran las diversas instituciones supervisadas.

 

Con información de Proceso.

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