Comunidad científica llama a paro nacional

Convocan a paro nacional en protesta de nueva ley de ciencia y tecnología

Después del anunció sobre la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología el pasado miércoles en fast-track por la Cámara de Diputados, se lanzó una convocatoria a un paro nacional el próximo 2 de mayo.

Estudiantes, comunidad científica y académica del país están convocando al paro para protestar la nueva ley que desaparece al Conacyt.

La convocatoria también llama al Senado de la República a rechazar la minuta de la Cámara de Diputados, dado que no se escuchó la voz de la comunidad científica.

«Demandemos al Senado no aprobar la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación», compartió la organización Causa en Común que defiende la democracia y libertad.

Además, la convocatoria pide a miembros de la comunidad científica, de universidades públicas y privadas, así como centros e instituciones que se dediquen a la investigación, que se solidaricen con la causa.

Los convocantes reprochan el incumplimiento y compromiso de los legisladores a entablar un diálogo con la comunidad académica y científica del país.

Además, aseguran que en la ley «hay errores de técnica jurídica», por lo que su implementación implica retrocesos al desarrollo científico, restricciones a la libertad de investigación y discriminación, además de atentar contra derechos laborales.

En su análisis a la ley —que plantea dar voz a las secretarías de Marina y Defensa—, aseguran que traerá autoritarismo y reducciones presupuestales, en tanto que es atentatoria de los derechos legales y normas académicas.

¿Qué dice la nueva Ley de Ciencia y Tecnología?

Si bien Conacyt precisó que el único cambio fue la «h» en su nombre, convirtiéndose en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la ley establece que se priorizarán las becas para investigadores que colaboren para universidades públicas, por lo que consideran como una «restricción a la libertad de investigación».

Además, las la secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR) tendrían nuevas facultades como manejo de presupuesto, expedición del reglamento de becas, asignación de temas de investigación y selección de temas de posgrado, entre otras.

De acuerdo con la iniciativa, la nueva dependencia tendrá una Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Marina, y de Salud.

Además, los representantes de estas secretarías tendrían voz y voto en las sesiones de la Junta, mientras que las voces académicas y científicas no tendrán voto en las decisiones del organismo. Asimismo, solo serán escuchadas mediante invitación de la propia Junta de Gobierno.

Así, las Fuerzas Armadas tendrán mayor peso en las decisiones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que las de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad científica. Lo que nos deja con muchas preguntas, como el impacto que se pueda tener una visión militar en la asignación de temas de investigación.

No solo eso, ¿estas decisiones serán en beneficio de la ciudadanía, o solamente del gobierno?, y ¿acaso se está politizando la ciencia a cargo del gobierno?

Voces a favor

Sin embargo, como toda reforma o iniciativa de gobierno, hay puntos que establece la nueva ley que apoyan algunos legisladores y académicos.

Por ejemplo, la Ley prevé que los recursos públicos que destine el Gobierno Federal para el apoyo y fomenta de las actividades, sean canalizados de manera directa a las personas «becarias, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras».

Además, establece la obligación del Consejo Nacional de implementar un Sistema Nacional de Posgrados, para facilitar y promover la creación y consolidación de programas de posgrado orientados a la investigación en todas las ciencias y humanidades, así como a la profesionalización de las personas en temas de interés público nacional.

Por su lado, Pedro Morales, abogado y maestrante en derecho procesal constitucional, asegura que el dictamen elimina al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, mismo que contaba con una mesa directiva compuesta por asociaciones y organizaciones.

Cuestiona que, conforme a la ley, los derechos de propiedad de quienes recibieron apoyos “responderán” ahora al interés público y el bienestar del pueblo de México, y que ahora la persona titular de la Dirección General o equivalente del Centro Público, deberá poseer el grado de doctorado o “experiencia equivalente”.