El abogado Rafael Arriaga denunció amenazas por defender a cooperativa indígena Tzibanzá. Arriaga interpondrá una denuncia penal, por la vía federal y local, en Hidalgo, aunadas a la querella actual que mantiene contra el gobierno de Querétaro por peculado y fraude.
El representante legal de la cooperativa indígena Tzibanzá, ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes, acusó amenazas por la defensa del grupo otomí, que mantiene un litigio con el gobierno queretano. Asimismo, adelantó que iniciará una denuncia penal por la vía federal y local en el estado de Hidalgo, de donde es originario.
Denuncias contra el estado de Querétaro
De acuerdo con el abogado, ya se tiene una denuncia ante el Ministerio Público Federal de Tula contra el gobierno de Querétaro por los delitos de peculado y fraude, en agravio de 93 familias que integran la cooperativa Tzibanzá. (Peculado es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia en beneficio propio o de terceros, o sea la corrupción de todos los días).
Arriaga explicó que el litigio por los terrenos se deriva de un apoyo que realizó la administración pasada a los indígenas otomíes, durante el mandato de Francisco Domínguez Servién.
Durante la gestión del exgobernador, se les notificó que podrían recibir un apoyo millonario (64 millones de pesos para ser exactos), para la ampliación de un hotel que se encuentra en ese lugar dentro del complejo de la presa Zimapán.
Pero este apoyo venía condicionado. Al parecer, para que pudieran obtener los recursos, tenían que poner a nombre del gobierno del estado una de las cuatro hectáreas de terreno que tiene esta cooperativa (baia baia). Pero no solo eso, lo que en realidad pasó es que durante el traspaso, que se hizo a través del Registro Agrario Nacional (RAN), las cuatro hectáreas se pusieron a nombre del gobierno estatal.
El gobierno se comprometió a restituir los terrenos a la cooperativa posteriormente; y que aparentemente solo se les cobraría una renta única de 200 mil pesos (que qué son contra 64 millones, ¿no?). Pero, de acuerdo con información de Arriaga, el gobierno ahora pretende que se les pague esa cantidad de manera mensual, POR UNOS TERRENOS QUE NO LES PERTENECEN DESDE UN INICIO, si no que siempre han sido de los indígenas.
Por si fuera poco, también acusó recibir amenazas de muerte de un presunto grupo criminal.
¿Qué dice el gobierno?
Por su lado, el presidente municipal de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez Peñaloza, aseguró que los pobladores de la cooperativa de Tzibanzá no han sido despojados de sus tierras, pero confirmó que el terreno donde se ubican sí está a nombre del gobierno del estado.
“Nos hemos acercado con la cooperativa, y sabemos del problema, no existe tal problema, porque nadie se ha llevado su tierra, su tierra sigue ahí”, declaró el alcalde.
Martínez Peñaloza reiteró que el cambio de escritura es para que las autoridades municipales, estatales o federales puedan construir infraestructura con recurso público. “Es así como está a nombre del estado, nadie los ha despojado”, enfatizó.
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