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Enrique Ochoa Reza reclama al TEPJF falta de justicia

El conflicto interno entre el PRI y su exdirigente Enrique Ochoa Reza ha escalado a nuevas dimensiones jurídicas. A casi medio año de su expulsión del partido, Ochoa Reza denunció públicamente la omisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en resolver su demanda, acusando presiones políticas y violación a sus derechos fundamentales.

Medio año sin justicia: el expediente estancado

El político presentó el 26 de noviembre de 2024 un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, tras ser separado de las filas del PRI por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP). Sin embargo, el caso SUP-JDC-1441/2024 ha permanecido sin resolución, a pesar de haber estado programado en la sesión del 31 de enero de 2025.

En una carta dirigida a la Magistrada Presidenta Mónica Soto, Enrique Ochoa Reza interpuso un incidente de excitativa de justicia, instrumento legal con el que busca que el magistrado Felipe Fuentes cumpla con su obligación de emitir una sentencia.

¿Un caso emblemático sobre justicia partidaria?

El caso de Enrique Ochoa Reza se perfila como un asunto emblemático en el debate sobre justicia interna de los partidos políticos y su relación con las instituciones electorales. Mientras el PRI argumenta que las declaraciones públicas de su exlíder perjudicaron la cohesión del partido, Ochoa Reza sostiene que se trata de una purga interna para silenciar voces críticas.

En su recurso, pide que se desechen las pruebas extemporáneas y que el TEPJF se pronuncie de inmediato. De no resolverse pronto, el expediente podría convertirse en un precedente negativo para el sistema democrático mexicano.

Enrique Ochoa Reza y su lucha por la legalidad

Con esta nueva acción legal, Enrique Ochoa Reza reafirma su postura como defensor del estado de derecho dentro de las instituciones partidarias. Su exigencia no sólo se centra en su caso particular, sino también en la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de justicia que protejan a los militantes de decisiones arbitrarias.

Redacción

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