Ciudad de México, 9 de diciembre.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, informó que se presentaron siete denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se suspendieron a 493 promotores sociales por presuntas irregularidades en el Programa de Pensión para Adultos Mayores de 65 Años y Más.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló que para el próximo año se tomarán medidas concretas, a fin de evitar el mal manejo de este programa que beneficia a más de 5.5 millones de personas de 65 años y más.
En un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio a conocer que remitirá toda la información sobre las irregularidades detectadas a la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de dar cauce a las denuncias.
Una vez desahogadas las investigaciones, aplicará sanciones administrativas que pueden implicar la inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública federal, así como sanciones económicas y, en su caso, las sanciones penales que determine el Poder Judicial.
Aseguró que llevará a cabo un cruce permanente de los padrones con otras instancias para contar con información confiable y verificable en tiempo real, además de concretar convenios con instituciones bancarias y con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para bancarizar a dos millones de beneficiarios del programa durante 2017.
Empleará además dispositivos para recabar la información y confirmar la supervivencia de los beneficiarios en sus domicilios, a fin de que ya no sea necesario que acudan a citas de prueba de vida.
La Sedesol prepara una plataforma que incluya las medidas de mejora referidas, a fin de garantizar un blindaje en el Programa de Pensión para Adultos Mayores.
Agregó que las denuncias referidas derivan de auditorías iniciadas en enero pasado para identificar áreas de oportunidad o de riesgo, las cuales se profundizaron a la llegada de Miranda Nava como titular de la dependencia.
A su vez, el abogado general de Sedesol, David Garay Maldonado, explicó que las primeras seis denuncias se encontraron en los estados de México, Tabasco Coahuila y Veracruz.
Mientras que la séptima fue por irregularidades en 30 estados, que representan aproximadamente 19 millones de pesos, se trata de mil 989 registros presuntamente falsos en los que los promotores se habrían hecho pasar por beneficiarios para cobrar el dinero de la pensión.
En ese sentido aclaró que por estas irregularidades “no se ve afectado ningún beneficiario”.
Dicho dictamen señala que hay consistencia exacta entre la huella digital del beneficiario y también del promotor. Lo que significa, y esto es un dato muy importante, que no se ve afectado ningún beneficiario del programa porque al hacer la confronta entre el promotor y ese supuesto beneficiario se identifica perfectamente bien que fue el promotor”, puntualizó.
Con información de Notimex
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