Futuro sustentable

Apuestan por menos CO2 para 2023 en Querétaro

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) informó que durante 2023, el estado va por una meta de reducción de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Y explicó que esto será posible debido a la implementación en el cobro de los impuestos ecológicos y la emisión del ello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono.

Lo anterior, toda vez que la dependencia estatal identificó a 400 empresas industriales que generan emisiones directas a la atmósfera.

Por ello, la Sedesu explicó que ya han tenido acercamientos para capacitarlas en la obtención del sello y que recurran a los mecanismos de compensación.

Al respecto, el titular de Sedesu, Marco Antonio del Prete Tercero dijo:

“Es este año cuando se empieza a cobrar el impuesto, cuando se lanza el sello de bajo carbono y que las empresas que estaban generando emisiones tendrán que reducirlas, nuestra meta este año, este primer año, es reducir o compensar cerca de 2 millones de toneladas de las 12 millones con las que arrancó en 2020 nuestra línea base”.

¿Cómo se logrará que las empresas apoyen?

De acuerdo con la Sedesu, ya han platicado con la empresas para capacitarlas sobre la reducción de CO2, e incluso, hubo un seminario con empresas japonesas, adicional a que constantemente se les hace saber cuáles son los procedimientos para acceder a los mecanismos de compensación.

También, la dependencia subrayó que se creó el programa estatal de acciones contra el cambio climático, que tiene la finalidad de reducir la generación de gases de efecto invernadero.

De dicho programa se derivan diversas iniciativas e instrumentos para reducir la huella de carbono, uno de ellos es el impuesto ambiental, uno de los más caros del país, pero que buscan se traduzca en acciones para combatir esas emisiones.

Por otro lado, el sello se otorga a los proyectos ambientales que registren las compañías; un ejemplo es un programa que desarrolla el Grupo Ecológico Sierra Gorda y que es susceptible de obtenerlo.

 

Con información de El Economista 

 

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