Una crisis política y diplomática sacude a México tras las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán. Jeffrey Lichtman, defensor del hijo de «El Chapo», calificó al gobierno de Claudia Sheinbaum como corrupto y comparó a la presidenta con la vocera de un cártel. La respuesta no tardó: Palacio Nacional presentó una demanda por daño moral.
Todo comenzó cuando Lichtman, durante la audiencia de culpabilidad de Ovidio Guzmán en Chicago, arremetió contra Sheinbaum. La acusó de encabezar un gobierno corrupto y afirmó que México actúa como «brazo de relaciones públicas» de organizaciones criminales.
Para sostener sus palabras, citó el caso de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 y exonerado al regresar a México. «La idea de que el gobierno estadounidense confíe en México es absurda», dijo Lichtman.
El abogado aprovechó la exposición mediática del caso de Ovidio Guzmán para lanzar una narrativa de desconfianza. Sus comentarios generaron indignación en el gobierno mexicano.
Ante estos señalamientos, Claudia Sheinbaum anunció una demanda por daño moral contra Lichtman. Durante su conferencia matutina, la presidenta afirmó:
«No voy a dialogar con un abogado de narcotraficante. Vamos a demandarlo porque no se puede permitir difamar así a México.»
Sheinbaum calificó las declaraciones de Lichtman como «irrespetuosas totalmente de la institución presidencial» y defendió la transparencia de su administración.
Sin embargo, expertos en derecho consideran que la demanda tiene un carácter simbólico. Gabriel Regino, abogado penalista, explicó a MVS Noticias que Lichtman está protegido por la Primera Enmienda de EE.UU., la cual garantiza la libertad de expresión.
«Se puede demandar, pero no habrá ejecución real. Es una acción meramente simbólica que no va a conducir a nada», señaló Regino.
Mientras ocurre esta batalla legal y política, Ovidio Guzmán dejó la prisión de Chicago. Su salida es parte de un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. A cambio de información sobre redes criminales, su sentencia podría reducirse a 10 años en lugar de cadena perpetua.
El hijo de «El Chapo», conocido como «El Ratón», aceptó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas. Fue reubicado en un lugar secreto y eliminado del registro del Buró Federal de Prisiones, un indicio de su ingreso al programa de protección a testigos.
Analistas advierten que su colaboración podría revelar nexos entre el crimen organizado y figuras políticas o empresariales en México. Esto explica la preocupación de la clase política ante lo que Ovidio Guzmán pueda declarar.
El Código Civil Federal establece que el daño moral es la afectación al honor o reputación de una persona. La demanda se presentó como acción civil, pues el delito de difamación fue eliminado del Código Penal Federal en 2007.
Para avanzar, el juzgado mexicano debe notificar a Lichtman en EE.UU. mediante una carta rogatoria gestionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado estadounidense. El proceso podría durar al menos seis meses.
Carlos Brehm, abogado civilista, explicó que Lichtman tendría la opción de defenderse en México o Estados Unidos. Sin embargo, la Primera Enmienda limitaría la ejecución de cualquier sentencia que implique indemnización económica.
«Lo más probable es que, de prosperar, la sanción sea publicar una disculpa o dar derecho de réplica, no un pago económico», dijo Brehm.
La decisión de Sheinbaum de demandar al abogado de Ovidio Guzmán no tiene muchos precedentes. Expertos creen que busca enviar un mensaje de autoridad y defender su imagen ante acusaciones internacionales de nexos con el narcotráfico.
Además, este conflicto ocurre cuando Estados Unidos negocia con Ovidio Guzmán, quien colabora como testigo protegido. Según Gabriel Regino, esto forma parte de la estrategia estadounidense para reforzar su hegemonía frente a redes criminales y actores políticos considerados adversarios.
La familia Guzmán sigue en la mira. Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, también podría declararse culpable en Chicago en los próximos días, reforzando los casos judiciales contra el Cártel de Sinaloa.
El acuerdo de Ovidio Guzmán con Estados Unidos abre la posibilidad de revelar información sobre funcionarios, empresarios y operaciones financieras vinculadas al crimen organizado. Esto genera un clima de tensión en México y explica la firme respuesta del gobierno federal.
La demanda de Sheinbaum busca frenar la narrativa que conecta a su administración con cárteles, pero también muestra el delicado momento político que vive el país. La guerra de declaraciones entre Palacio Nacional y el abogado de un narcotraficante revela la compleja red de intereses detrás del caso Ovidio.
El futuro inmediato dependerá de las revelaciones de Ovidio Guzmán, la ruta legal de la demanda por daño moral y la respuesta de Lichtman. Mientras tanto, México y Estados Unidos navegan una crisis diplomática inédita que podría redefinir la cooperación en seguridad y justicia.
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