El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes más de 18 millones de pesos en sanciones para candidatos de la elección judicial del 1 de junio. Las multas, dirigidas principalmente a quienes fueron promovidos a través de los llamados “acordeones”, generaron un fuerte debate entre los consejeros. La presidenta Guadalupe Taddei y otros miembros del Consejo advirtieron que las sanciones carecen de sustento legal y podrían ser anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la sesión del Consejo General, la mayoría de los consejeros avaló castigar a 176 personas cuyos nombres aparecieron en materiales físicos y digitales conocidos como “acordeones”. Estos documentos sugerían a la ciudadanía votar por ciertos candidatos, algo que fue calificado como propaganda ilegal.
De esa cifra, 63 candidatos recibieron doble sanción: por aparecer en acordeones impresos y digitales. Uno de ellos es Hugo Aguilar, futuro presidente de la Suprema Corte, quien deberá pagar 79 mil 424 pesos. La Unidad Técnica de Fiscalización aclaró que cada caso será valorado conforme a la capacidad de pago del sancionado.
En total, el INE impuso sanciones por 10.3 millones de pesos a nivel federal y 7.9 millones en 19 entidades federativas. Más de seis millones corresponden exclusivamente al caso de los acordeones.
Las ministras reelectas de la Suprema Corte, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, fueron multadas con 255 mil y 190 mil pesos respectivamente. Ambas aparecieron en múltiples versiones de los acordeones, algunos difundidos masivamente a través de redes sociales.
Pese a las multas millonarias, ningún ganador federal perdió su cargo. Solo cinco candidaturas locales fueron canceladas por otras irregularidades, no relacionadas con los acordeones.
La discusión en el Consejo fue intensa. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, votó en contra del proyecto. Aseguró que las multas del 10% del tope de gasto de campaña “no tienen sustento jurídico” y anticipó que serán revertidas por el TEPJF.
“Los acordeones son ilegales, pero eso no implica que debamos responder con otra ilegalidad. No hay un asidero jurídico para sancionar con base en los topes de campaña”, dijo Taddei.
Coincidieron con ella los consejeros Norma de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño. Argumentaron que los acordeones fueron elaborados por terceros y que no hay pruebas directas de que los candidatos sancionados los hayan financiado o promovido.
Rita Bell señaló que el expediente tiene pruebas indiciarias, pero no evidencias plenas, por lo que sancionar en esas condiciones “afecta la presunción de inocencia y la seguridad jurídica”.
Jorge Montaño subrayó que no se acreditó quién pagó los materiales ni la participación directa de los candidatos. Norma de la Cruz propuso valorar los escritos de deslinde que presentaron los implicados, donde negaban haber participado en la elaboración de los acordeones.
En contraste, seis consejeros votaron a favor de imponer las sanciones. Carla Humphrey presentó el proyecto de sanción y defendió que sí existen fundamentos jurídicos para castigar el uso de estos instrumentos de propaganda ilegal.
“Que no hayan ganado todos los beneficiarios no implica que la propaganda ilegal deje de ser ilegal”, sostuvo la consejera Dania Ravel, quien también propuso multar a los candidatos perdedores con el 5% del tope de campaña. Su propuesta no prosperó; solo fueron amonestados.
El consejero Uuc-kib Espadas reconoció que los acordeones no definieron la elección, ya que solo votó el 13% del electorado. Sin embargo, señaló que no deben quedar impunes. “Ni los acordeones determinan la elección, ni debe ser impune”, sentenció.
Por su parte, Arturo Castillo pidió abrir investigaciones más profundas para determinar quiénes financiaron y distribuyeron los materiales. Martín Faz se sumó a la idea y sugirió obtener datos bancarios y registros telefónicos para robustecer los expedientes.
Claudia Zavala enfatizó que, aunque no se pueda probar todo con certeza absoluta, existen elementos suficientes para sancionar. Criticó a quienes exigen “prueba de lo imposible” y alertó sobre una estrategia ilegal encubierta.
La misión electoral de la OEA, en su informe preliminar, también advirtió que los candidatos promovidos en los acordeones resultaron electos y tienen vínculos con el poder, lo que mancha la legitimidad del proceso judicial.
El único cambio al proyecto original fue incluir una investigación adicional para indagar la operación de los acordeones. Sin embargo, no se definió una estrategia clara para su implementación. Esto fue señalado como una omisión grave por varios consejeros.
Por ahora, el INE se enfrenta a un escenario de incertidumbre legal. Las impugnaciones ya comenzaron a llegar al Tribunal Electoral, y existe el riesgo de que las multas sean anuladas. Mientras tanto, el debate interno del Consejo revela una institución dividida ante la complejidad del nuevo sistema de elección judicial.
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