Imagen de archivo del 02 de junio de 2012, García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, y Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México, durante la ceremonia del Día del Policía en el Centro del Mando de la Policía Federal.
Un informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelado por el medio Contralínea, detalla presuntas triangulaciones de recursos públicos provenientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hacia cuentas del expresidente Felipe Calderón y de su esposa, la legisladora Margarita Zavala. Estas operaciones, que podrían implicar lavado de dinero, han generado cuestionamientos sobre la gestión de recursos durante el periodo de Calderón y su relación con empresas vinculadas a paraísos fiscales.
Según la UIF, en 2016, el Infonavit transfirió 8.3 millones de pesos a la empresa Hicue Iberoamérica, una sociedad constituida en Panamá, conocida por ser un paraíso fiscal. Esa misma empresa redirigió 2 millones de pesos a una cuenta de Felipe Calderón en Estados Unidos, supuestamente como pago por participar en foros.
Otra transferencia documentada ocurrió en 2018, cuando el Infonavit destinó 6.2 millones de pesos a Hicue Speakers, que posteriormente envió 1.1 millones de pesos al expresidente. Las autoridades sospechan que estas operaciones podrían formar parte de un esquema de triangulación de recursos.
En el caso de Margarita Zavala, la UIF señala que entre 2013 y 2016 recibió varios pagos a través de las empresas C Mark Comunicación y Target Marketing Asesores, las cuales comparten domicilio y teléfonos. Estas transacciones incluyen cheques por más de 422 mil pesos en favor de Zavala y otros seis cheques a nombre de Calderón por un total de 1.7 millones de pesos.
Durante su conferencia matutina del 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las denuncias relacionadas con estas operaciones ya se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sheinbaum instruyó al director del Infonavit, Octavio Romero, a investigar a fondo las transferencias y colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
“No se trata de persecuciones políticas, sino de garantizar justicia y transparencia. Cualquier irregularidad debe ser investigada y sancionada conforme a la ley”, enfatizó Sheinbaum.
De confirmarse las irregularidades, este caso podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más relevantes vinculados al expresidente Calderón. Su administración (2006-2012) ya había enfrentado críticas por decisiones como la militarización de la seguridad pública, que desató una ola de violencia en el país. Ahora, las acusaciones sobre el uso indebido de recursos públicos podrían agravar aún más su legado.
El informe también destaca que estas operaciones ocurrieron durante la gestión de David Penchyna al frente del Infonavit, un periodo que se ha señalado por otras prácticas opacas.
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