Con 10,887 aspirantes inscritos, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) inició un proceso histórico para seleccionar candidatos a jueces, magistrados y ministros. Este martes, en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, se realizaron las primeras 41 entrevistas presenciales para quienes buscan ocupar una de las nueve plazas disponibles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de septiembre.
El CEPL enfrenta un desafío contrarreloj: tiene hasta el 31 de enero para entrevistar a todos los aspirantes y entregar la lista de quienes pasarán a la siguiente etapa del proceso. Esto equivale a realizar 640 entrevistas diarias, un promedio de 26 por hora, durante 17 días consecutivos.
Entre los primeros 41 aspirantes se encontraba Jaime Cárdenas Gracia, exlegislador y exconsejero electoral, quien expresó su confianza en la transparencia del proceso. Cárdenas destacó que el sistema de insaculación mediante una tómbola garantiza que “no haya mano negra”.
También compareció Guillermo Arroyo Cruz, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, quien calificó el proceso como inédito y subrayó su importancia histórica para fortalecer la justicia en México. Por su parte, el juez Sergio Ávila Negrón enfatizó que todos los aspirantes tienen trayectorias académicas y profesionales que los avalan para contender por estos cargos.
Otra figura destacada fue Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien respondió a cuestionamientos sobre su presunta cercanía con la Cuarta Transformación. Defendió su trayectoria como juzgadora y afirmó que busca fortalecer la confianza en el sistema de impartición de justicia.
El proceso incluye estrategias para acelerar las entrevistas, como dividir al CEPL en dos grupos y realizar sesiones virtuales para los aspirantes a cargos distintos a ministro. Patricia Briseño, vocera del CEPL, informó que las entrevistas presenciales se limitan a los candidatos a la SCJN, mientras que los demás aspirantes serán evaluados mediante plataformas digitales.
El CEPL publicó en diciembre dos listas de aspirantes elegibles: una inicial con 7,060 nombres y una complementaria con 3,817. Esto amplió el universo de candidatos y aumentó la presión sobre el comité para cumplir con los plazos establecidos.
El proceso no ha estado exento de polémica. Algunos aspirantes, como Mario Bracamonte, exdirigente de Morena en Puebla, y Yolanda Rosalinda Archuleta, promotora de la campaña del gobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa, enfrentan cuestionamientos por su cercanía con figuras políticas.
Fabiana Estrada Tena, excoordinadora de asesores del ministro en retiro Arturo Zaldívar, también fue señalada por posibles conflictos de interés. Sin embargo, Estrada defendió la imparcialidad del proceso al señalar que las candidaturas finales se decidirán mediante insaculación.
La etapa de entrevistas marca el inicio de un proceso diseñado para evitar favoritismos y fortalecer la legitimidad de las designaciones judiciales. Según Patricia Briseño, el CEPL prioriza la transparencia mediante la combinación de evaluaciones objetivas y la insaculación aleatoria.
En esta primera jornada, los aspirantes entregaron sus dispositivos electrónicos antes de ingresar a las entrevistas. Las sesiones, que duraron entre 10 y 12 minutos, se enfocaron en evaluar las capacidades técnicas y la trayectoria de los candidatos.
El CEPL tiene hasta el 31 de enero para completar las entrevistas y presentar un listado de aspirantes idóneos. Posteriormente, el 5 de febrero, se realizará la insaculación para determinar quiénes serán los candidatos finales.
Esta metodología busca garantizar que el proceso sea justo y alejado de influencias externas, un aspecto crucial dado el nivel de escrutinio público al que está sometido.
Este proceso marca un precedente histórico para el sistema judicial en México. Nunca antes se había implementado un mecanismo tan amplio y participativo para la selección de jueces, magistrados y ministros.
El CEPL, integrado por figuras como Ana Patricia Briseño Torres y Maribel Méndez de Lara, busca sentar las bases para un Poder Judicial más transparente y cercano a la ciudadanía. Sin embargo, el desafío logístico y las críticas por presuntas influencias políticas serán factores determinantes en la percepción pública de este proceso.
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