El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para combatir la inmigración irregular y el narcotráfico en la frontera con México. Como parte de su estrategia, ha ordenado a dos agencias de inteligencia enfocarse en la vigilancia satelital en la región, mientras que congresistas republicanos impulsan una propuesta para autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga.
El presidente Donald Trump ha ordenado a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) que dirijan sus capacidades de vigilancia por satélite hacia la frontera con México. Ambas agencias, adscritas al Departamento de Defensa de Estados Unidos, supervisan satélites espía y analizan información estratégica para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia.
Según información de Reuters, la medida forma parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración irregular y el narcotráfico. La Casa Blanca no ha aclarado si la vigilancia se limitará al territorio estadounidense o si incluirá a México bajo acuerdos de cooperación.
El despliegue de esta tecnología ha generado inquietudes sobre la privacidad y el respeto a las libertades civiles. Las leyes estadounidenses restringen la vigilancia de ciudadanos por parte de agencias de inteligencia, pero permiten observación dentro de un radio de 185 kilómetros desde la frontera, abarcando ciudades como San Diego y El Paso.
Existen especulaciones sobre la participación de Starlink, la empresa de Elon Musk, en esta iniciativa. La firma ha trabajado con la Oficina Nacional de Reconocimiento en el despliegue de satélites espía, lo que sugiere que podría contribuir a la estrategia de seguridad fronteriza. De acuerdo con The Wall Street Journal, en 2021 SpaceX firmó un contrato clasificado con el gobierno de Estados Unidos por 1,800 millones de dólares para desarrollar una red satelital de vigilancia global.
Paralelamente a la vigilancia satelital, el congresista republicano Greg Steube presentó una resolución que permitiría a la administración Trump emplear «toda la fuerza del ejército estadounidense» contra los cárteles mexicanos de la droga, recientemente designados como organizaciones terroristas.
Esta medida incluiría operaciones militares contra grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Mara Salvatrucha (MS-13). Steube argumenta que los cárteles han causado la muerte de miles de estadounidenses debido al tráfico de fentanilo y otras drogas, y que es necesario un enfoque militar para erradicarlos.
La propuesta ha generado fuertes reacciones en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier tipo de intervención extranjera en territorio mexicano y ha defendido la soberanía del país. La relación entre ambos gobiernos podría tensarse aún más si la resolución republicana avanza en el Congreso estadounidense.
Organizaciones de derechos humanos también han manifestado preocupación sobre el impacto de estas medidas en comunidades fronterizas. La creciente militarización podría derivar en un aumento de violaciones a los derechos civiles y generar conflictos con autoridades locales.
El refuerzo de la vigilancia satelital y la propuesta de uso de la fuerza militar contra los cárteles reflejan la postura agresiva de la administración Trump en materia de seguridad fronteriza. Sin embargo, estas iniciativas también plantean serios desafíos diplomáticos y legales. La discusión sobre la seguridad en la frontera seguirá evolucionando en los próximos meses, con posibles repercusiones para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
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