Rosario Robles y Emilio Lozoya son los dos más altos funcionarios mexicanos del Gobierno de Enrique Peña Nieto acusados de corrupción. Pero mientras la exsecretaria de Desarrollo lleva un año encerrada en prisión preventiva, el exdirector de la petrolera estatal Pemex afrontará su proceso en libertad.
Para Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay una «selectividad y diferencia de trato» en ambos procesos porque «ella sí está en la cárcel y él no».
La experta relató que en ninguno de los dos casos la prisión preventiva es obligada, pero apuntó que el exdirector de Pemex «ya fue prófugo de la Justicia y tiene propiedades y familiares en el extranjero, por lo que se le debiera presuponer un riesgo de fuga».
«Hay que decir que en términos de las acusaciones, Rosario Robles se enfrenta a una acusación importante por un escándalo de corrupción frente al menos cinco escándalos en los que estaría vinculado Lozoya», dijo.
El manejo de los dos casos ha sido distinto incluso por parte del Gobierno.
Mientras que la coalición gubernamental del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó en el Congreso inhabilitar a Robles para ejercer cargos públicos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha defendido que Lozoya reciba «ciertas consideraciones» a cambio de revelaciones.
Y es que detrás de los beneficios de Lozoya está un supuesto acuerdo de colaboración con la Fiscalía por el cual el exdirector de Pemex recibiría un trato judicial amable a cambio de destapar a otras figuras clave en la corrupción del Gobierno de Peña Nieto.
«Hay una negociación atrás pero no sabemos exactamente cuál es la negociación. ¿Alguien cree que este señor iba a regresar de España así porque sí?», comentó a Efe Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey.
Con información de INFOBAE
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