El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó once decretos que transformarán la gestión pública, la seguridad y las telecomunicaciones en México. Entre los cambios destaca la creación de la CURP biométrica, que será obligatoria a partir de 2026.
La Clave Única de Registro de Población (CURP) integrará datos biométricos como fotografía, huellas digitales, firma electrónica y escaneo de iris, además de su estructura alfanumérica actual. Este documento será la nueva identificación oficial para todos los ciudadanos mexicanos, extranjeros residentes y connacionales en el extranjero.
El decreto indica que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Agencia de Transformación Digital tienen un plazo máximo de 90 días para crear la Plataforma Única de Identidad. Esta base de datos concentrará la información biométrica y permitirá su uso en trámites, servicios de salud, telecomunicaciones y gestiones administrativas.
También se implementará un programa para registrar los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes en un máximo de 120 días. Sin embargo, aún no se definen los criterios ni el alcance de este registro para menores.
El objetivo de esta medida es vincular la identidad de cada persona con servicios públicos y privados. La CURP biométrica funcionará como el eje del sistema de seguridad pública, localización de personas desaparecidas, trámites gubernamentales y otras actividades cotidianas.
El documento publicado señala que todos los entes públicos y privados deberán adoptar las medidas necesarias para incluir la CURP biométrica como requisito en sus trámites y servicios. Con ello, se busca crear un sistema de identificación unificado, seguro y digital.
Críticos y organizaciones de derechos humanos han calificado esta reforma como parte de las llamadas “leyes espía”. Advierten sobre los riesgos de vigilancia excesiva y el uso indebido de datos personales con fines políticos, de represión o comerciales.
Desde el gobierno, se defiende que la CURP biométrica permitirá modernizar los servicios, garantizar la seguridad y reducir trámites burocráticos, además de mejorar la identificación de personas desaparecidas y fortalecer la investigación criminal.
Además de la CURP biométrica, el DOF publicó diez decretos que reforman leyes clave en el país:
Guardia Nacional. Se consolida como una fuerza permanente con mando militar bajo la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ley de Telecomunicaciones. Obliga a las compañías telefónicas a proporcionar la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles cuando lo soliciten autoridades. También exige la CURP biométrica para activar o mantener líneas telefónicas.
Ley de Desaparición Forzada. Fortalece la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, aunque genera preocupación por su posible uso para vigilancia masiva.
Ley de Vida Silvestre. Prohíbe usar mamíferos marinos en espectáculos con multas de hasta 8 millones de pesos.
Ley Antilavado. Reestructura mecanismos de control para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y reforma el Código Penal Federal.
Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Crea un sistema nacional en materia de seguridad pública.
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Define lineamientos de coordinación entre instituciones para combatir la inseguridad.
Ley de Competencia Económica. Crea nuevas instituciones y reforma órganos reguladores en competencia económica y telecomunicaciones.
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Busca digitalizar servicios y simplificar la administración pública. Fue aprobada con 330 votos a favor y busca transformar la relación entre gobierno y ciudadanía.
Reformas ferroviarias y de bienes nacionales. Modifican la Ley de Caminos, Puentes, Autotransporte y Ferrocarriles para armonizar la infraestructura.
Estas disposiciones entrarán en vigor de inmediato, comenzando los plazos legales para su implementación en los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece que la Agencia de Transformación Digital será la autoridad nacional para supervisar su aplicación y garantizar la digitalización.
Organizaciones civiles y la oposición han señalado que estas reformas consolidan un sistema de vigilancia estatal. Especialmente, la combinación de la CURP biométrica con la nueva Ley de Telecomunicaciones y la geolocalización obligatoria genera preocupación por la privacidad de la ciudadanía.
Sin embargo, el gobierno afirma que estas leyes permitirán mayor seguridad, combate a delitos, mejor acceso a servicios y agilización de procesos administrativos. Con estos decretos, México inicia una nueva etapa en su modelo de identificación y gestión gubernamental.
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