El proyecto de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, promovido como la primera identificación oficial única en México, enfrenta un obstáculo importante. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Querétaro, así como el Tribunal Colegiado de Yucatán, concedieron suspensiones provisionales que impiden a las autoridades exigir datos biométricos —huellas dactilares, fotografías e incluso escaneo de iris— para el trámite.
Las resoluciones derivan de amparos contra el decreto publicado el 16 de julio de 2025, mediante el cual se reformaron la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición. El objetivo oficial era consolidar la CURP como documento de identificación nacional obligatorio. Sin embargo, los tribunales coincidieron en que, mientras no existan mecanismos claros de resguardo y seguridad, no puede obligarse a los ciudadanos a entregar información biométrica.
En Querétaro, el recurso de queja 231/2025 subrayó que la CURP biométrica podría justificarse en casos de desaparición de personas, pero también advirtió sobre el interés social en proteger la privacidad. El tribunal determinó que la legislación actual carece de lineamientos para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos. Por ello, concedió una suspensión provisional hasta que se emitan reglamentos adecuados.
En Yucatán, el recurso de queja 267/2025 llegó a una conclusión similar. Reconoció que el uso de biométricos busca fortalecer la identificación de personas desaparecidas, pero señaló que la protección de datos sensibles de la población tiene un peso mayor en esta etapa procesal. Así, ambos tribunales coincidieron en que, sin protocolos sólidos, la ciudadanía no puede ser obligada a entregar sus huellas, fotografías o iris para integrar la CURP.
A pesar de estas suspensiones, la Secretaría de Gobernación defendió el proyecto. La titular, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la CURP biométrica reforzará la seguridad de la identidad y evitará fraudes. Además, permitirá que ninguna persona quede fuera del registro poblacional. En la misma línea, el director del Renapo, Arturo Arce, informó que 27 millones de personas ya han tramitado voluntariamente la nueva CURP, lo que consolidará en una sola base de datos la información de todos los mexicanos.
Por primera vez en su historia, México tendrá una identificación única con biométricos: huellas de los diez dedos, rostro, iris y firma electrónica avanzada. El documento será gratuito, físico y digital, con validez universal en trámites escolares, bancarios, médicos y sociales.
El gobierno planea iniciar pruebas piloto en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México entre julio y diciembre de 2025. En enero de 2026 comenzará la expansión nacional y, a partir de febrero de 2026, la CURP biométrica será obligatoria para toda la población, incluidos recién nacidos. La CURP actual dejará de ser válida.
Sin embargo, organizaciones civiles y activistas de derechos digitales advierten que el proyecto abre la puerta a una vigilancia sin precedentes. Pepe Flores, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, alertó que “cualquier persona pudiera ser un sujeto de interés de un agente corrupto o de una policía sobornada. Eso nos pone en un gran riesgo”.
El activista recordó que en otros países la tecnología biométrica se ha usado para detener migrantes o perseguir opositores políticos. Y subrayó que México carece de una ley específica que regule la protección y el uso de datos biométricos. Esto aumenta la vulnerabilidad de la población.
Las principales preocupaciones de especialistas incluyen:
Centralización total: la base de datos estará bajo control de la Secretaría de Gobernación.
Acceso discrecional: autoridades de cualquier nivel podrán consultar la información sin orden judicial.
Privacidad comprometida: se teme un historial digital de cada trámite realizado.
Ciberseguridad débil: no existe una autoridad autónoma que supervise el sistema.
Exclusión digital: riesgo de discriminación hacia personas sin acceso a tecnología o con discapacidades.
Aunque países como Estados Unidos, Brasil o Argentina ya usan sistemas biométricos, todos han enfrentado problemas de filtraciones, errores y exclusión social. La diferencia, subrayan organizaciones mexicanas, es que en esos países existen más candados legales y contrapesos institucionales.
El debate se mantiene abierto: para el gobierno, la CURP biométrica es un salto tecnológico que facilitará trámites y garantizará identidad universal. Para activistas, en cambio, es una llave maestra que puede habilitar espionaje estatal sin control ciudadano.
La decisión de los tribunales de Querétaro y Yucatán es solo el primer capítulo. El próximo paso será determinar si la suspensión se convierte en definitiva. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿la CURP biométrica será un escudo contra fraudes e inseguridad, o el inicio de una vigilancia masiva en México?
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