El nuevo tren México-Querétaro será construido por ingenieros militares, pero sus nombres permanecerán en secreto durante al menos cinco años. Así lo determinó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que argumentó que divulgar la identidad del personal “podría poner en riesgo su vida, salud y seguridad”.
De acuerdo con información de Latinus, la respuesta se dio tras una solicitud de transparencia para conocer a los responsables de los frentes de obra. Esta práctica de reservar información no es nueva. El Ejército ya lo había hecho con los ingenieros que construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la nueva terminal aérea de Tulum.
En ambos casos, se invirtieron más de 100 mil millones de pesos. Aunque en 2023 el desaparecido INAI ordenó revelar los nombres de los constructores del aeropuerto de Tulum, un amparo judicial protegió a los militares para no acatar la resolución.
El pasado 27 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el inicio del tren México-Querétaro. Confirmó que la obra estará a cargo de ingenieros militares a través de 12 frentes de construcción, además de dos frentes adicionales para estudios técnicos.
El presupuesto inicial de este ambicioso proyecto asciende a 144 mil millones de pesos. Sin embargo, el historial de opacidad en obras similares genera preocupación en torno al manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas.
Además, el proyecto del tren tiene un antecedente polémico. Fue originalmente anunciado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero cancelado en 2014 tras el escándalo de “La Casa Blanca”, un reportaje que reveló la relación entre el Ejecutivo y un contratista beneficiado por licitaciones. La cancelación costó al erario más de 23 millones de pesos en pagos a la empresa China Railway Construction Corporation Limited.
Aunque Latinus ha revelado información relevante sobre obras públicas, también enfrenta cuestionamientos. Su director editorial, Carlos Loret de Mola, ha sido señalado por realizar montajes televisivos en el pasado. Esto pone en entredicho parte del contenido difundido por su medio y resalta la necesidad de verificar fuentes y datos.
La combinación de opacidad institucional y antecedentes mediáticos cuestionables obliga a la ciudadanía a estar más vigilante que nunca.
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