Más de 400 carpetas abiertas y sin resolución en la Fiscalía. Querétaro enfrenta una grave crisis en materia de seguridad patrimonial. Más de 2 mil personas han denunciado ser víctimas de fraude inmobiliario, derivado de la venta irregular de al menos 30 mil propiedades en distintos municipios del estado. El presunto daño económico rebasa los 15 mil millones de pesos.
De acuerdo con Mario Ramírez, vocero de los afectados, existen más de 400 carpetas de investigación abiertas, muchas de ellas desde hace años, sin que hayan tenido un seguimiento efectivo por parte de la Fiscalía General del Estado. Los presuntos delitos incluyen fraude genérico, administración fraudulenta, asociación delictuosa y delitos contra el orden en el desarrollo urbano.
Las denuncias apuntan contra al menos tres desarrolladoras vinculadas a cuatro proyectos habitacionales: Grupo Desarrollador Camelot (El Encino y Quercus, en Huimilpan), Generación de Desarrollo Sustentable (El Roble, en Colón), y Carther Desarrollos y Proyectos Inmobiliarios (Tierra Noble Juriquilla, en la capital queretana).
Los afectados aseguran que muchas de las propiedades no fueron entregadas o carecen de servicios básicos e infraestructura. En algunos casos, los terrenos fueron vendidos sin uso de suelo adecuado ni permisos de urbanización. Además, se estima que los afectados han destinado ya más de 20 millones de pesos en representación legal.
Ante la presión ciudadana, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno estatal, aseguró que el gobierno ofrece asesoría legal gratuita a las personas que lo soliciten. Sin embargo, reconoció que la resolución de los casos recae en la Fiscalía, donde las investigaciones siguen trabadas.
Por su parte, el alcalde de Querétaro, FeliFer Macías Olvera, anunció una serie de medidas preventivas. Entre ellas, destacó la creación de una “lista negra” de desarrolladores incumplidos y una campaña para alertar a la población sobre posibles fraudes. “Se va a publicar a aquellos desarrolladores que han incumplido con entregas o servicios para impedirles seguir operando en la ciudad”, subrayó.
Macías también informó que se lanzará un decálogo de señales de alerta para que los compradores identifiquen proyectos inseguros. “Si su vendedor no les muestra estos documentos, ahí está la alerta roja de que podría tratarse de un fraude”, advirtió.
Los afectados han recurrido ya al Senado de la República, a la Presidencia de México y a la Cámara de Diputados, buscando visibilizar el caso y solicitar acciones urgentes. Algunos de los voceros, como Claudia Manilla, Saúl García, Javier Ramírez y Abraham Marroquín, advirtieron que si no obtienen respuestas, podrían realizar movilizaciones y acudir a embajadas extranjeras para alertar a inversionistas internacionales.
Además, han solicitado que las ventas en los desarrollos señalados se suspendan hasta que las empresas respondan legalmente por los daños causados. El vocero Ramírez no descartó que el fraude total pueda alcanzar los 60 mil millones de pesos si se consideran daños colaterales.
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