En Querétaro, la Fiscalía General del Estado (FGE) busca encarcelar a Esmeralda, una adolescente de 14 años que sufrió un aborto espontáneo después de ser víctima de violación.
Este caso, que ocurre en el municipio de Huimilpan, ha causado gran controversia, con activistas y organizaciones de derechos humanos denunciando que la menor enfrenta un proceso judicial en el cual podría recibir una sentencia de tres años de prisión y una multa de 500 mil pesos.
La adolescente enfrenta cargos, mientras su agresor está libre
La joven, quien desconocía su embarazo, experimentó cólicos y otros síntomas que la llevaron al baño, donde tuvo un aborto involuntario. Sin embargo, la FGE determinó que el feto tenía 36 semanas de gestación y murió por asfixia tras el nacimiento, por lo que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado contra ella.
El embarazo de Esmeralda fue producto de una violación, pero el agresor fue exonerado de la imputación sin mayores consecuencias legales, situación que colectivos como Adax Digitales señalan de revictimización. La asociación civil está apoyando a la menor con asesoría jurídica.
Este proceso judicial es un reflejo de las políticas restrictivas de Querétaro hacia el aborto, ya que el Código Penal estatal criminaliza la interrupción del embarazo, incluso en casos espontáneos, como el de Esmeralda.
Mayra Dávila, representante de Adax Digitales, afirma que se necesita una reforma urgente a estos artículos del Código Penal que penalizan a mujeres en situaciones vulnerables. Además, Dávila denuncia la falta de apoyo psicológico y la precariedad emocional que enfrenta la menor, quien permanece en prisión domiciliaria.
El caso ha captado la atención a nivel nacional, y líderes sociales exigen que la FGE actúe con perspectiva de género y derechos humanos. La situación plantea un llamado a la revisión de las leyes que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y adolescentes de comunidades indígenas
Es inaudito e ilegal lo que la @fiscaliaqro realiza en perjuicio de una menor.
Solicitaremos una mesa de trabajo con el gobernador @makugo, la fiscalía, la titular del Instituto de las Mujeres del estado y la representación legal de la menor (@ADAxDigitalesAC).
La procuración… https://t.co/pTjHWjyYxy
— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) October 26, 2024
¿Quién es el fiscal que inició la investigación?
Víctor Antonio de Jesús Hernández confirmó que se inició la investigación por homicidio en contra de la menor. En entrevista, el fiscal señaló que al tratarse de una menor no es posible compartir detalles de la investigación.
Sin embargo, mencionó que la investigación por homicidio se inició debido a que se trató de la muerte de «una persona con más de 36 semanas de gestación».
«Lo único que les puedo decir es que la persona que falleció, porque en este caso tuvimos un bebé que nació vivo. Y en este caso debería puntualizar que fue producto de una gestación de más de 36 semanas», puntualizó.
Además, externó que la Fiscalía no ha judicializado ninguna carpeta de investigación por el delito de aborto en la entidad. También insistió en que no puede compartir más información del caso por tratarse de una menor de edad y dado que no ha concluido el juicio.
“Nosotros no tenemos ningún caso judicializado por un delito de aborto, en realidad quisiera hacer una puntualización. Se trata de una persona menor de edad y en alguna ocasión ya les había enfatizado que existe una legislación nacional que nos permite y nos exige guardar el sigilo correspondiente respecto de la información y la identidad de la persona”, dijo.
Pero no es el único caso, Querétaro es conocido por criminalizar el aborto
A pesar de no haber casos judicializados, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han iniciado 29 carpetas de investigación por el delito de aborto.
En ninguno de estos casos se ha logrado llevar ante un juez a las personas debido a que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, por unanimidad, que ninguna mujer podía ser procesada por el delito de aborto. Además, en 2023 se emitió una nueva sentencia en la que se estableció que el aborto debía ser eliminado del Código Penal federal. Esto establece que todas las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en México.
Claro que, esta ley aún no se aplica de manera local, pues no se ha incluido en la agenda del Congreso.
Pero este caso debería de ser muestra de porqué necesitamos la despenalización del aborto. Para empezar, el embarazo fue producto de una violación. Es una verdadera injusticia que a quién se esté criminalizando sea a la víctima por perder a un bebé, y no al agresor.
Y en segundo lugar, fue un aborto espontáneo. No fue planeado, ni con dolo. Una adolescente perdió un bebé antes de darse cuenta de estar embarazada. Entonces, ¿cómo es posible que estemos intentando castigar a una niña de 14 años que ya pasó por una situación bastante traumática? No solo por la violación, si no por el aborto espontáneo.
Por si fuera poco, quieren que la joven le pague a su agresor una indemnización. ¿O SEA QUE LA VÍCTIMA LE TIENE QUE PAGAR AL VIOLADOR? Aquí es cuando nos damos cuenta que a los «provida» los niños no les importan después de haber nacido.
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