Una investigación internacional reveló la participación de Atziri Alejandra Pulido Briseño, exfuncionaria panista en Querétaro, en una presunta red de tráfico ilegal de mercurio hacia Sudamérica. El informe fue publicado por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) bajo el título “Traficantes no dejan piedra sin levantar”.
Según el documento, Pulido Briseño y su esposo, el empresario Juan José Zamorano Dávila, liderarían una operación que habría movilizado más de 200 toneladas de mercurio desde cinco minas artesanales ubicadas en la Sierra Gorda queretana. Este mineral, altamente tóxico, se ha utilizado de manera ilegal en procesos extractivos de oro en países como Bolivia, Colombia y Perú.
Las minas identificadas por la EIA —Cristo Vive, La Fe, El Mono, La Peña y La Perla— se encuentran en una zona ambientalmente protegida. De acuerdo con los investigadores, dichas explotaciones estarían bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que habría instalado infraestructura de vigilancia, torres con cámaras, alambre de púas y compuertas.
La organización estadounidense reportó además que sus agentes fueron amenazados por sujetos armados mientras realizaban su investigación. Testimonios locales confirmaron que la producción de mercurio en esas minas se incrementó de forma “casi industrial”.
El informe alerta sobre las consecuencias ambientales y sanitarias derivadas del uso del mercurio. Comunidades expuestas en ambas puntas de la cadena —productoras y consumidoras— estarían siendo contaminadas con efectos que podrían durar décadas.
Pulido Briseño, identificada como socia de Zamorano, aparece en registros oficiales como militante del Partido Acción Nacional (PAN). La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Registro Nacional de Militantes del PAN confirman su afiliación hasta diciembre de 2024.
Atziri Alejandra Pulido Briseño fue secretaria de Administración del municipio de Querétaro entre octubre de 2018 y octubre de 2019, durante la gestión del alcalde panista Luis Bernardo Nava Guerrero. En ese momento, justificó su salida del cargo por “razones personales”.
Aunque el informe de la EIA la identifica como ex diputada federal por Puebla, Pulido Briseño nunca fue legisladora. Sin embargo, sí trabajó en el Congreso de la Unión como asesora y operadora política.
Durante 15 años de militancia en el PAN, ha ocupado distintos cargos internos. Fue miembro del Comité Directivo Municipal, Secretaria de Formación y Capacitación, y asesora en el Comité Ejecutivo Nacional. También participó en campañas electorales como coordinadora general y secretaria técnica del partido.
En el sector privado, se desempeñó como directora general del Grupo Lesmay y gerente en GES Académico. Su aparición más reciente fue como integrante del Comité de Gestión por Competencias del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta ahora no existe una orden de aprehensión formal en su contra. No obstante, el caso ha generado presión mediática y política, especialmente por la dimensión ambiental del delito.
La EIA subraya que Zamorano Dávila habría confesado tener más de 10 años de experiencia en el contrabando de mercurio. Según sus declaraciones, el mineral se ha enviado desde México a Panamá —como punto de transbordo— y posteriormente a India, Bolivia, Colombia y Perú. También reconoció la posibilidad de expandirse hacia Ecuador.
La investigación, que incluye fotografías de los presuntos implicados, describe a Pulido Briseño como conocedora de las operaciones de contrabando y pieza clave en la estructura criminal. En una imagen difundida por la EIA, se le identifica con el pie de foto: “La socia de Zamorano, una expolítica del PAN”.
Finalmente, la EIA denuncia una “fiebre por el mercurio” en América Latina, impulsada por el alza en el precio del oro. México es uno de los principales países proveedores del mineral, particularmente en estados como Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
La contaminación por mercurio —alerta la organización— representa una amenaza directa para el medio ambiente, las comunidades locales y los ecosistemas. El caso ha puesto bajo la lupa la relación entre actores políticos, empresariales y criminales en la explotación de recursos naturales dentro de zonas protegidas.
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