Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Querétaro (FGJQ) detuvieron a Beatriz Barrón Morales, regidora por el Partido Acción Nacional (PAN) en Huimilpan, Querétaro. Barrón fue detenida tras ser acusada de fraude y uso indebido de documentos contra más de cien personas de la delegación de Lagunillas. Según la investigación, Barrón habría utilizado los datos y documentos personales de los afectados para solicitar préstamos sin su consentimiento.
Los hechos ocurrieron hace un año, cuando Barrón Morales fungía como delegada de Lagunillas. Convenció a hombres y mujeres de la tercera edad de entregar actas de nacimiento, credenciales de elector y comprobantes de domicilio, bajo la promesa de gestionar apoyos como calentadores y tinacos a costos simbólicos.
Además, les hizo firmar documentos, supuestamente relacionados con las solicitudes de los apoyos, y entregar dinero como adelanto para los bienes. Sin embargo, los productos nunca se entregaron, y en marzo de 2023, las víctimas comenzaron a recibir notificaciones de la financiera “Más Lana” por préstamos con mensualidades entre 2 mil y 37 mil pesos, llegando hasta un millón de pesos por persona.
Cuando intentaron buscar respuestas en las oficinas de la delegación, estas se encontraron cerradas. Para entonces, Barrón ya había asumido el cargo de regidora.
El pasado 14 de octubre de 2024, las víctimas interpusieron una denuncia penal ante la FGJQ, que inició la carpeta de investigación CI/AME/1029/2024. Un juez otorgó la orden de aprehensión contra Barrón Morales, y durante su audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para reunir pruebas a su favor.
El juez concedió la prórroga, pero por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, dictó prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica.
Las víctimas, principalmente personas mayores, expresaron su frustración por no recibir apoyo previo de las autoridades municipales antes de acudir a la Fiscalía. Ahora esperan que el proceso judicial lleve a la justicia y, en la medida de lo posible, a la recuperación de sus recursos.
Este caso ha generado indignación en la comunidad, evidenciando la necesidad de mayor vigilancia en el ejercicio de cargos públicos y el uso indebido de programas sociales.
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