Representantes de 24 colectivos ciudadanos presentaron una solicitud formal para realizar una audiencia pública sobre el Proyecto Sistema El Batán. La petición busca abrir un espacio de diálogo técnico y ciudadano, frente al polémico proyecto hídrico que dividirá opiniones en Querétaro.
La solicitud fue entregada ante el Centro Estatal de Participación Ciudadana, acompañada de 613 firmas válidas y copias de credenciales de elector vigentes. También se dirigió al gobernador Mauricio Kuri, las secretarías de Desarrollo Sustentable y Planeación y Participación Ciudadana, el Consejo Consultivo del Agua y el Instituto Electoral del Estado.
“Lo que estamos buscando es abrir puentes de diálogo. Esta conformación de organizaciones es no partidista; es simplemente el sentir de la ciudadanía de que no nos están tomando en cuenta”, afirmó Mar Marín de Netas Ciudadanas.
Las organizaciones convocaron además al foro científico-ciudadano no partidista, que se realizará el 22 de julio en el Auditorio CII de la Facultad de Filosofía de la UAQ. Ahí se discutirán aspectos técnicos, sanitarios y ambientales con especialistas y ciudadanía.
Los colectivos exigen que se revise la viabilidad financiera del modelo de asociación público-privada (APP) propuesto para El Batán. También piden esclarecer riesgos sanitarios y ambientales y establecer mecanismos independientes de monitoreo ciudadano.
“Ahí no vamos a decir sí o no al Batán, sino analizar lo que se discute y proponer alternativas”, señaló Francisco Landa de Awüita Vida y Territorio.
Entre las alternativas que los colectivos han planteado destacan la regeneración de cuencas, el control de fugas y esquemas de intercambio de aguas. María del Carmen Vicencio subrayó la importancia de que diputados y autoridades escuchen las voces ciudadanas antes de aprobar cualquier proyecto que comprometa la salud y el derecho al agua.
El gobernador Mauricio Kuri expresó su respaldo a la audiencia pública y anunció que Luis Alberto Vega Ricoy, vocal de la Comisión Estatal de Aguas, acudirá con personal técnico a dialogar con la ciudadanía.
“A mí me gustó mucho la idea, por supuesto que sí. Le pediría a Luis Vega que vaya con gente técnica y platique todo lo necesario”, declaró Kuri.
El mandatario afirmó que la mayoría de la población está a favor del proyecto y que quienes no lo están terminan convencidos cuando se les explica. Según Kuri, su gobierno busca evitar una crisis hídrica futura.
Sin embargo, advirtió que el análisis no debe prolongarse demasiado, pues el próximo año es preelectoral y el tema podría politizarse aún más.
“Sin prisa, pero sin pausa. Si pasa más tiempo, se politiza más. El próximo año es preelectoral”, subrayó.
Mientras algunos legisladores locales, como Enrique Correa Sada, urgen aprobar el proyecto para garantizar el suministro de agua, otros cuestionan su viabilidad técnica y financiera. Correa lo considera un proyecto de avanzada que posicionaría a Querétaro como referente en reúso sustentable de agua.
En contraste, legisladores de Morena destacan múltiples dudas:
Falta de un diagnóstico hídrico preciso.
Ausencia de información sobre la distribución de costos.
Incertidumbre sobre la calidad del agua entregada a la población.
Carencia de mecanismos de vigilancia ciudadana u observatorios independientes.
El diputado Gilberto Herrera cuestionó la efectividad del proyecto:
“No hay garantía de la calidad del agua. Además, Querétaro carece de normativa estatal para la gestión integral del agua.”
Herrera enfatizó que el 50% del agua potable en el estado se pierde por fugas. “¿De qué sirve más abastecimiento si la mitad se pierde?”, cuestionó.
Expertos como la Mtra. María Ibarra Silva consideran que cualquier concesión implica privatización. Recordó que el proyecto prevé una concesión de 30 años, financiada mediante APP y con pago estatal anual a partir de 2026.
“Muchas veces la APP se disfraza como un modelo mixto, pero funciona como concesión total o parcial del derecho al agua”, advirtió Juan Fibares, de Geografía en Viz.
El matemático Ángel Balderas calculó que el endeudamiento de 41 mil millones de pesos superaría el presupuesto anual de estados como Baja California Sur. Además, la Conagua anunció un gasto menor a 31 mil millones por siete obras en 2025, no una sola.
El agua tratada para el proyecto provendría de drenajes urbanos, casas, escuelas, hospitales y aguas pluviales. Aunque el gobierno afirma que el sistema permitirá cerrar ciclos de agua y garantizar su potabilización, especialistas cuestionan la falta de garantías sobre su inocuidad para consumo humano.
Carla Escoffié, abogada especialista en derechos humanos, explicó que en otros países esta tecnología no se usa para consumo humano directo, sino para actividades como la agricultura.
“No hay ninguna garantía de que esa agua tratada será óptima para consumo. Es preocupante”, señaló.
Colectivos y organizaciones también denuncian incumplimientos al Acuerdo de Escazú y la falta de un Parlamento Abierto real. La Colectiva Vocer@s de la Madre Tierra solicitó este mecanismo desde junio, sin respuesta hasta ahora.
“La participación pública requiere información oportuna y veraz, no simulaciones”, afirmó Ibarra Silva.
Además, señalan que la prisa por aprobar el proyecto está vinculada a intereses empresariales, como el auge inmobiliario y la llegada de data centers a Querétaro, sectores con alta demanda hídrica.
La Comisión Nacional del Agua informó que evalúa si la presa El Batán se concesiona al gobierno estatal o se mantiene bajo autoridad federal. Gregorio Cruz Martínez, titular de Conagua, indicó que si las normas están alineadas con la Semarnat, será factible técnicamente.
Sin embargo, aclaró que el tema presupuestal y la aprobación legislativa son independientes de su evaluación técnica.
La solicitud de audiencia pública de los colectivos busca sentar un precedente histórico en la participación ciudadana y el derecho al agua en Querétaro. Mientras el gobernador Kuri promueve el proyecto como solución a la crisis hídrica, especialistas advierten sobre riesgos sanitarios, financieros y de privatización.
Por ahora, la ciudadanía espera respuesta en un plazo máximo de diez días, confiando en que se abra un diálogo real y transparente, donde el agua sea vista como un derecho humano y no como mercancía.
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