El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amplió sus operaciones hacia el sector minero, particularmente en la extracción y tráfico de mercurio. De acuerdo con un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), esta organización criminal domina minas clave en Querétaro, desde donde exporta ilegalmente toneladas de este metal hacia Sudamérica. Las ganancias financian tanto sus operaciones dentro de México como en el extranjero.
La región de La Plazuela, ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, se ha convertido en un punto neurálgico para el CJNG. El informe de la EIA revela que el cártel controla cinco minas: Cristo Vive, La Fe, La Peña, El Mono y La Perla. En estas zonas, el grupo ha instalado portones, torres con cámaras, retenes y vigilancia armada.
Durante su investigación, el personal de la EIA fue intimidado. Un guardia hizo un gesto de degollar y les ordenó retirarse. Más tarde, los investigadores fueron seguidos por una camioneta todo el día. Mineros locales confirmaron que las minas operan bajo el control total del cártel.
Este dominio no solo asegura el flujo constante de cinabrio —una roca que contiene mercurio— sino que también impide la fiscalización por parte de autoridades ambientales y aduaneras. De acuerdo con la EIA, el CJNG no procesa el cinabrio en México. En su lugar, transporta las rocas en sacos mezclados con grava, una táctica para ocultarlas durante su traslado a países como Colombia y Perú, donde el ingreso de mercurio está prohibido.
El tráfico de mercurio tiene implicaciones ambientales y económicas devastadoras. Según el informe, entre abril de 2019 y junio de 2025, más de 200 toneladas fueron exportadas ilegalmente desde Querétaro, una cifra récord a nivel global. Este volumen permitió la producción de oro ilegal con un valor estimado en 8 mil millones de dólares.
La extracción descontrolada ya provocó afectaciones al río Extoraz, que cruza parte del estado. Además, el mercurio enviado a Sudamérica es utilizado para separar oro de otros minerales, una práctica habitual en la minería ilegal que destruye ecosistemas amazónicos.
En Perú, regiones como Madre de Dios y La Pampa dependen de este metal para operar minas clandestinas. Estos lugares se han convertido en zonas sin ley, dominadas por mafias, trata de personas y violencia extrema. Solo en Perú, la demanda de mercurio ilegal alcanza hasta 50 toneladas métricas por año.
El informe también detalla un reciente decomiso en territorio peruano: casi cuatro toneladas de mercurio, el mayor cargamento incautado en la región amazónica. Estos datos reflejan la magnitud del tráfico y la influencia del CJNG en cadenas criminales internacionales.
La investigación de la EIA identifica a Juan José Zamorano Dávila como el principal operador del contrabando de mercurio. Él supervisa todo el proceso: desde la compra de cinabrio a los mineros, la manipulación de las cargas, hasta el transporte y el camuflaje del contenido en sacos de grava.
Zamorano ha traficado mercurio durante más de una década. Primero lo enviaba a Panamá, luego a India y actualmente a Colombia, Perú y Bolivia. Su experiencia le ha permitido perfeccionar métodos de evasión, como declarar el contenido como “material de construcción” o “piedras decorativas”. Esta estrategia, sumada a la corrupción de funcionarios aduaneros, facilita el paso del contrabando sin ser detectado.
Además, la EIA señala que su pareja, Alejandra Pulido —exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN)—, conoce el funcionamiento de la red. Esta conexión plantea una posible complicidad entre el crimen organizado y ciertos actores políticos.
Para camuflar el mercurio líquido, los traficantes añaden hasta cuatro toneladas del metal a los sacos de cinabrio. Estos se cargan en contenedores junto a bolsas similares que solo contienen grava. Una vez listo, el cargamento se transporta de noche hacia los puertos de Manzanillo o Veracruz, desde donde parte hacia Sudamérica.
México es uno de los principales productores de mercurio a nivel mundial. A pesar de su adhesión al Convenio de Minamata —que busca eliminar el uso de este metal—, la legislación nacional permite su explotación hasta 2032. Esta brecha legal ha sido aprovechada por el CJNG y otras organizaciones criminales.
Entre 2009 y 2021, México exportó más de 1,600 toneladas de mercurio hacia Bolivia, Perú y Colombia, muchas veces de forma fraudulenta. Esta realidad convierte al país en un eslabón central del tráfico global de un insumo clave para la minería ilegal.
Ante estos hallazgos, la EIA instó al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes. Exige la recuperación del control en las minas de Querétaro, la desarticulación de las redes de contrabando y una reforma legal que limite la extracción de mercurio en el país.
El avance del CJNG sobre el sector minero refleja cómo los cárteles diversifican sus fuentes de ingreso más allá de las drogas. El control del mercurio no solo enriquece a estos grupos, sino que alimenta otros delitos como la minería ilegal, el tráfico de armas y la deforestación en América Latina.
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