Un nuevo caso de abuso policial ha encendido la indignación en Querétaro. Un video muestra a policías sometiendo con violencia a un menor en un parque de Buenavista, comunidad del municipio de Huimilpan. Las imágenes provocaron una ola de críticas y renovaron el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en el estado.
Los hechos ocurrieron durante un operativo conjunto en el que participaron policías de El Marqués. Testigos aseguran que el joven estaba sentado tranquilamente cuando los oficiales lo abordaron sin motivo claro.
En el video, cuatro policías rodean al menor. Lo empujan y lo someten contra una jardinera. Una oficial le grita con burla: “La que te golpeó fui yo, güey”. La escena provocó la indignación de los vecinos, quienes reclamaron el abuso y grabaron la agresión.
Autoridades confirman hechos y se reúnen con la familia
La Secretaría de Seguridad Pública de El Marqués confirmó que sus agentes participaron en el operativo. En un comunicado, anunció que turnó el caso al Consejo de Honor y Justicia. Este órgano definirá si hubo faltas y qué sanciones aplicar.
La Secretaría de Seguridad Pública de Huimilpan también reaccionó. Informó que el secretario de Gobierno municipal, Juan Pablo Ángeles, se reunió con los padres del menor. El objetivo fue escuchar sus preocupaciones y ofrecer atención institucional.
Tras el encuentro, ambas partes acordaron mantener el diálogo. La familia recibirá acompañamiento psicológico y legal. Las autoridades prometieron una investigación completa y respetuosa.
Organizaciones piden justicia clara y sin simulaciones
Colectivos de derechos humanos exigieron una investigación transparente y rápida. Piden a las autoridades garantizar que el menor reciba atención médica, legal y emocional.
También reclaman que los policías rindan cuentas. El abuso quedó registrado en video, y la violencia contra un menor exige una respuesta firme.
Hasta ahora, no hay información oficial sobre la situación legal del joven ni sobre su estado de salud. El video sigue circulando en redes sociales y mantiene viva la presión pública.
El alcalde de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, admitió que una de las oficiales agresoras pertenece a su municipio. Dijo que esperarán la resolución del Consejo de Honor y Justicia antes de actuar.
Más casos recientes encienden alarmas
Este no es un hecho aislado. En marzo, en Corregidora, policías municipales golpearon a un joven dentro de su casa en San José de los Olvera. Un video muestra a los agentes rompiendo la puerta y arrastrando al joven frente a su familia.
La Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora inició una investigación interna. Asegura que reunirá las pruebas necesarias para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza.
Otro caso ocurrió en noviembre de 2024. Christian Pérez, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue detenido con violencia durante una protesta pacífica. Policías municipales lo golpearon, lo acusaron falsamente de portar un arma y lo presentaron ante un juez sin respetar sus derechos.
Christian denunció que lo asfixiaron y lesionaron en la mano. A la fecha, ninguna autoridad se ha acercado a él ni ha ofrecido reparación del daño. El caso sigue en la Fiscalía.
Urge reformar protocolos y capacitar a policías
Frente a estos casos, colectivos y expertos en derechos humanos exigen cambios urgentes. Piden revisar los protocolos de detención y capacitar a los policías con enfoque en derechos humanos.
“No son hechos aislados. Vemos una tendencia preocupante que pone en riesgo a niños, jóvenes y ciudadanos en general”, señaló una vocera del colectivo Justicia para Todos Querétaro.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos aún no se pronuncia sobre el caso de Huimilpan. Sin embargo, organizaciones esperan que actúe de oficio y garantice la protección del menor.
Exigen sanciones y garantías de no repetición
La presión social crece. El abuso grabado en Huimilpan se ha convertido en un símbolo de la impunidad y el uso excesivo de la fuerza.
Ciudadanos, activistas y familiares exigen justicia. Quieren sanciones reales, no castigos simbólicos ni investigaciones que se queden en el escritorio.
Las autoridades enfrentan ahora el reto de demostrar que están del lado de la legalidad, no de la violencia. La ciudadanía espera respuestas claras, justicia efectiva y compromiso con los derechos humanos.
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