Gerardo Vargas Landeros enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de patrullas durante su administración.
Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome, Sinaloa, podría perder su fuero constitucional en los próximos días, tras la solicitud formal presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local.
El edil enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de patrullas durante su administración, en un contrato que rebasó los 171 millones de pesos.
De acuerdo con la FGE, las acusaciones se centran en la posible comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de funciones, como lo establece el Código Penal del Estado de Sinaloa.
La investigación forma parte de un expediente que también involucra a otros funcionarios municipales y al diputado Genaro García Castro, exsecretario de Seguridad Pública de Ahome.
El expediente fue entregado el viernes 25 de abril a la presidenta del Congreso, Yeraldine Bonilla Valverde, y desde entonces se ha activado el procedimiento parlamentario para evaluar la procedencia del desafuero.
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Congreso, el trámite se realiza de forma confidencial: La Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocará al Pleno en una sesión secreta este jueves 1 de mayo a las 8:00 p.m., donde se leerá públicamente el expediente.
Posteriormente, la Comisión Instructora analizará la solicitud y emitirá un dictamen sobre si procede o no el desafuero. El alcalde tendrá derecho a presentar su defensa personalmente o por medio de un representante legal antes de la votación del Congreso.
El diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de dicha comisión, confirmó que ambos implicados, Vargas Landeros y García Castro, ya han sido notificados formalmente, incluso con presencia de un notario para validar el proceso.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció que el contrato de arrendamiento de 126 patrullas fue otorgado sin licitación pública a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., apenas constituida en mayo de 2020 en la Ciudad de México.
El contrato, firmado durante el primer año de gobierno de Vargas Landeros, implicó un gasto cercano a los 176 millones de pesos, con un sobrecosto que, según la ASE, llegó a ser tres veces mayor al valor real de los vehículos.
Los socios de Grinleasing, entre ellos Raúl Antonio Hernández Mendoza y Diego Gaspar Villarias, este último con vínculos políticos, habrían recibido el contrato de manera directa, sin el procedimiento de transparencia que exige la ley.
Estas omisiones son parte del expediente entregado por la FGE, que considera que la asignación del contrato constituye una falta administrativa grave y posible delito penal.
En diversas entrevistas a medios locales, el aún alcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros aseguró estar tranquilo y continuar con su agenda al frente del municipio.
Afirmó que su gobierno ha actuado con transparencia y que está dispuesto a colaborar con las autoridades, incluido el Órgano Interno de Control.
“Estoy tranquilo y no me voy a distraer”, declaró el edil, negando que haya incurrido en actos indebidos a lo largo de su carrera de más de cuatro décadas en el servicio público. También rechazó que la investigación responda a motivos políticos.
Más allá del caso de las patrullas, fuentes de seguridad del gobierno federal han señalado que Vargas Landeros mantiene abierta una carpeta de investigación por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico/Sinaloa, particularmente con uno de sus líderes que se encuentra preso en Estados Unidos, Ismael “Mayo” Zambada.
Dicha carpeta incluiría información cruzada con la del exgobernador Mario López Valdez (Malova), y se les atribuye incluso una alerta roja en cruces fronterizos internacionales.
En esta investigación se mencionan grabaciones y testimonios que apuntan a encuentros del actual alcalde con figuras del crimen organizado, incluyendo al hijo de Dámaso López “El Licenciado”, aunque esta línea de investigación aún no ha sido judicializada públicamente.
La votación de este jueves en el Congreso de Sinaloa será clave. Si se aprueba el desafuero, la FGE podrá proceder penalmente contra Vargas Landeros. De lo contrario, seguirá protegido por su fuero constitucional.
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