Yasmín Esquivel Mossa subraya rol legislativo en licencias parentales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reavivó este lunes el debate sobre la extensión de las licencias de paternidad, al declarar inconstitucional el actual esquema legal en Baja California Sur, el cual otorga apenas diez días de permiso a los padres. Esta resolución, si bien representa un impulso importante hacia la igualdad laboral entre hombres y mujeres, también visibiliza las complejidades institucionales y presupuestales que implica su implementación.
Durante la discusión plenaria, la ministra Yasmín Esquivel Mossa fijó una postura crítica pero constructiva. Afirmó que, aunque se reconoce la necesidad de ampliar los permisos parentales, la Corte no puede fijar unilateralmente su duración, ya que esa atribución recae exclusivamente en los congresos estatales y federal.
La ministra subrayó que establecer periodos de licencia más extensos sin un análisis actuarial previo podría comprometer las finanzas públicas y privadas, además de afectar a los regímenes de seguridad social del país. Por ello, hizo un llamado a la responsabilidad legislativa, recordando que los tribunales no deben suplantar al Poder Legislativo en decisiones de impacto económico y social.
El debate sobre las licencias de paternidad no solo se inscribe en el marco de los derechos humanos y la igualdad de género, sino también en el de la viabilidad financiera de las políticas públicas. Esquivel Mossa explicó que cualquier reforma que busque equiparar las licencias maternas y paternas debe considerar las condiciones económicas de cada entidad federativa.
Esto implica que no existe una fórmula única para todo el país, y que imponer una solución estandarizada podría generar desigualdades nuevas en lugar de corregir las ya existentes. Por ello, el fallo de la SCJN debe interpretarse como un exhorto a legislar con base en datos sólidos, no como un mandato judicial que imponga nuevas cargas sin soporte financiero.
La resolución emitida por la Corte tendrá repercusiones en otras entidades del país. Aunque el Congreso de Baja California Sur tiene ahora la obligación de reformar su legislación, el precedente sentará las bases para que más estados evalúen sus propios marcos normativos y promuevan reformas graduales en función de sus capacidades.
Esquivel Mossa destacó que la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva de 2023 brinda el soporte jurídico necesario para avanzar, pero reiteró que los cambios deben ser progresivos, responsables y concertados entre los distintos actores sociales y políticos.
Finalmente, la ministra reiteró que equiparar licencias de maternidad y paternidad es apenas uno de los muchos pasos necesarios para lograr una verdadera igualdad de oportunidades. El verdadero cambio llegará cuando se articulen políticas integrales que también aborden la desigualdad salarial, la corresponsabilidad familiar y el acceso equitativo a servicios de cuidado.
Este fallo representa una oportunidad histórica para que México redefina sus políticas de bienestar laboral bajo una lógica de corresponsabilidad. Legislar con enfoque técnico y social es el camino hacia una justicia laboral más igualitaria y sostenible.
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