Dentro de México existen 122 zonas críticas forestales, donde cerca de ellas operan bandas del crimen organizado, así que para parar la tala ilegal de árboles y esta sea considerada un delito grave, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha puesto frente a la Cámara de Diputados una nueva reforma constitucional.
Silvia Rodríguez Rosas subprocuradora Jurídica de la Profepa, mencionó que dentro de esta reforma se encuentran además de iniciativas, también hay penas de hasta 15 años de prisión contra los talamontes.
«La tala debe ser un delito grave, y yo diría que ya es de delincuencia organizada que afecta a las comunidades y que afecta la riqueza nacional, de tal forma que hemos impulsado esta reforma constitucional acogida por diputados y que ya se encuentra en la Cámara de Diputados en análisis.
Y está reforma se llevó a cabo debido a que la tala desmedida es considerada un problema ilícito ambiental que merece una penalidad mayor, por lo que al no ser suficiente la pena máxima de nueve años, está se aumentó a 15 años, además de añadir multas más elevadas para que se evite este ilícito.
Asimismo el director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Profepa aprovecho para comentar que es bueno que se esté llevando cabo este tipo de reformas, ya que se tiene registrado que el 30 por ciento de la madera que se vende en México fue extraída de manera ilícita.
«Y sale de diferentes formas, una es a través de la tala ilegal, otra es a través de la remoción de la vegetación en cambios de uso de suelo sin autorización, y obviamente eso deriva en una cadena de ilegalidad que es el transporte, el almacenamiento y la transformación», detalló.
Además de que se ha hallado alteraciones en documentos oficiales que se ocupan de mover y comercializar la madera.
«Otra irregularidad que encontramos es la clonación de las marcas en la exportación de los recursos forestales, que es el sello que tienen los aprovechamientos autorizados para vender al exterior; el ilícito se comete cuando se clona la marca y se embala la madera sin realizar los procesos de tratamiento fitosanitario, lo que puede ocasionar problemas de plagas a otro país cruzando la frontera», manifestó Abigail Díaz de León, subprocuradora de Recursos Naturales de la Profepa.
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