Aprueban la Ley Olimpia

Con 446 votos a favor y uno en contra, los diputados avalan Ley Olimpia

Diputados aprueban la Ley Olimpia contra la violencia digital y mediática durante la sesión del jueves.

Esta ley considera delito tomar y distribuir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.

Con 446 votos a favor y uno en contra, el pleno avaló la reforma al Código Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por el Senado en noviembre pasado.

Ya es ley nacional

El pleno aprobó la ley a nivel nacional, la cual tipifica en el Código Penal Federal el delito de “violación a la intimidad sexual».

De esta manera, el acoso digital será castigado con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de casi 90 mil pesos a quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su conocimiento, aprobación o autorización.

Además, se prevén agravantes cuando el delito lo cometa el cónyuge de la víctima, un cargo público o alguien con quien tuviera una relación sentimental, así como cuando se haga con fines lucrativos.

La reforma penará la violencia digital contra las mujeres en todo México, donde 19 de los 32 estados ya prevén en su legislación estatal el castigo contra el abuso digital.

¿Qué se tipifica con la Ley Olimpia?

En esta se describe como violencia digital toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación para exhibir, distribuir, difundir, etcétera, contenido íntimo sin el consentimiento de la persona; causando daño sicológico o emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

También define la violencia mediática como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de discriminación de género, entre otras cosas.

Describe que para garantizar la integridad de la víctima, el ministerio público o el juez ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias.

Con información de Forbes.