La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales propuesta por el gobierno federal plantea un nuevo escenario para el sector productivo de Querétaro. Aunque la iniciativa contempla una implementación gradual hacia el año 2030, organizaciones empresariales, autoridades estatales y especialistas han expresado tanto respaldo como preocupación.
En términos generales, existe consenso en que esta medida puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, los efectos económicos y logísticos sobre pequeñas empresas, sectores de alta competitividad y servicios especializados generan dudas que urgen atender mediante un diseño legal flexible.
Empresariado queretano: apertura con condiciones
Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Querétaro, aseguró que la propuesta presidencial ha sido bien recibida por su carácter gradual, una condición que el sector privado ha impulsado desde hace tiempo. Considera que este cambio representa una oportunidad para equilibrar la vida laboral y personal de los trabajadores.
“Celebramos que sea una implementación escalonada. Es algo que Coparmex ha puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones”, afirmó Hernández. No obstante, advirtió que las micro y pequeñas empresas podrían verse en aprietos al intentar cumplir con la nueva normativa sin contar con recursos suficientes.
La presidenta de la COPARMEX alertó sobre el riesgo de que esta reforma tenga consecuencias no deseadas, como la pérdida de empleos o la informalización de relaciones laborales si no se acompaña de medidas complementarias.
Una transformación estructural: visión desde la CANACO
Por su parte, Lorena Muñoz Altamira, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Querétaro, también expresó su respaldo a la iniciativa, aunque subrayó los desafíos que implica. “Este cambio implicará una transformación tanto en la estructura empresarial como en la dinámica laboral”, declaró.
Muñoz Altamira mencionó que, dentro de la Cámara, ya existen empresas que operan bajo jornadas laborales de 40 horas sin recurrir a horas extras. Sin embargo, advirtió que sectores con esquemas operativos de 24 horas —como seguridad, recolección y servicios especializados bajo REPSE— tendrán que contratar más personal y reorganizar sus turnos, lo que implicará costos adicionales.
Afirmó que, si bien el cambio se alinea con objetivos de salud física y mental del trabajador, como los que promueve la NOM-035, será crucial que las empresas reciban asesoría especializada para adaptarse a esta nueva realidad.
Preocupación estatal: productividad y competitividad en juego
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, fue más crítico ante la medida. Aunque reconoció los beneficios personales que traería para los trabajadores, alertó sobre un posible impacto negativo en sectores clave como la construcción y autopartes, donde Querétaro mantiene liderazgo a nivel nacional.
“El riesgo es que, para mantener la producción, se tenga que abrir un turno más. Eso encarece el producto y reduce la competitividad”, explicó. Kuri advirtió que la competitividad no consiste en hacer lo mismo con más recursos, sino en hacer más con menos.
En estados como Querétaro, con un alto índice de formalidad laboral —séptimo lugar nacional según el INEGI—, los efectos de esta reforma serían más pronunciados. Mientras tanto, entidades con mayor informalidad podrían pasar prácticamente desapercibidas en esta transformación.
Propuesta con enfoque flexible y adaptativo
Roberto Cantú Alanís, presidente de Coparmex Nuevo León, respaldó la necesidad de que la reforma se construya desde el diálogo responsable. Enfatizó la importancia de contemplar excepciones sectoriales y una implementación flexible.
Citó el caso de Chile como ejemplo. En ese país, la jornada se redujo de 45 a 40 horas en cinco años, con posibilidad de esquemas como el 4×3: cuatro días laborales y tres de descanso. “La flexibilidad es clave para que esta transición sea viable y no afecte desproporcionadamente a las micro y pequeñas empresas”, señaló.
Asimismo, propuso incentivos como la deducibilidad total de prestaciones laborales y una actualización a la tabla de subsidios del ISR, para facilitar la implementación sin debilitar la productividad.
Ajustes necesarios en la operación empresarial
Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, coincidió en la necesidad de permitir esquemas flexibles en la distribución de horas. Planteó que la ley debe permitir acumulación y redistribución del tiempo trabajado para evitar afectaciones innecesarias.
“Habrá que ver cómo se calcula el pago de horas extras y si habrá ajustes en los límites actuales. Eso también puede generar costos adicionales”, explicó.
En el caso de empresas con esquemas intensivos, como las registradas en el REPSE, la contratación de nuevo personal será prácticamente obligatoria. Esto supondrá una inversión considerable en capacitación, equipo y salarios.
Costos operativos: el mayor reto a corto plazo
La presidenta de la CANACO advirtió que cubrir los turnos actuales con la nueva jornada implicará incrementos en costos operativos y, eventualmente, en precios al consumidor. “Hay que analizar también los efectos sobre prestaciones como aguinaldos o reparto de utilidades, porque se calculan en función del tiempo trabajado”, puntualizó.
A pesar de los retos, reconoció que la tendencia internacional va hacia una jornada laboral más corta y humana, por lo que el empresariado debe estar preparado para adaptarse. “Lo fundamental será entender correctamente la nueva normativa y recibir asesoría especializada para poder adaptarse de manera gradual y ordenada”, concluyó.
Jornada laboral de 40 horas: una oportunidad con desafíos
Aunque el gobierno federal ha reiterado que no habrá reducción salarial con la jornada laboral de 40 horas, los sectores económicos deberán sortear múltiples desafíos para hacer viable la medida.
En Querétaro, el reto será mantener el equilibrio entre una mejora en la calidad de vida de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las empresas. La flexibilidad legal, los apoyos fiscales y una adaptación bien planificada serán claves para que esta reforma se traduzca en un verdadero avance para la sociedad sin sacrificar la competitividad del estado.
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