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Para Alejandro Martínez Araiza, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad para enfrentar uno de los problemas que, a su juicio, se encuentran detrás de las actuales tensiones comerciales de Washington; la persistencia de salarios bajos y condiciones laborales precarias en México.
El secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) considera que el debate no debe limitarse a proteger las exportaciones mexicanas de nuevos aranceles, sino a transformar las condiciones con las que el país participa en el mercado norteamericano.
La postura del dirigente parte de un señalamiento central: la precarización del trabajo puede convertirse en una ventaja comercial artificial cuando las empresas compiten reduciendo el costo de la mano de obra.
El planteamiento cobra relevancia después de que Estados Unidos impusiera, desde el 24 de julio, aranceles de entre 10% y 12.5% a productos provenientes de 60 socios comerciales, bajo argumentos relacionados con la falta de medidas efectivas contra bienes producidos mediante trabajo forzoso.
México se ubicó en el nivel de 10%, el menor de las dos tasas señaladas; además, los productos que cumplen con las reglas del T-MEC mantienen un tratamiento de exención en los casos de México y Canadá.
Para Alejandro Martínez Araiza, ese mecanismo demuestra el valor económico del tratado, pero también plantea una responsabilidad, la de garantizar que el capítulo laboral tenga capacidad real de cumplimiento.
El el líder sindical sostiene que el T-MEC contempla libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, salario mínimo, jornadas laborales y seguridad ocupacional, pero no establece, salvo en el ámbito automotriz, un parámetro general sobre los salarios mexicanos.
En julio, México y Estados Unidos celebraron una tercera ronda bilateral de revisión del acuerdo, con asuntos laborales, comerciales, automotrices, agrícolas y de seguridad económica.
Para el SNAC y su dirigente, elevar los ingresos laborales tendría efectos que van más allá de las fábricas: podría contribuir a reducir la migración por necesidad y fortalecer la estabilidad social.
“La competitividad regional no puede construirse a costa de la miseria de quienes producen”, se plantea desde el Sindicato.
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