El Senado mexicano aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La reforma pasará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis final antes del 2 de julio.
Acceso a internet y medios comunitarios
La coalición de Morena, PT, PVEM y MC respaldó la ley. Uno de los objetivos es garantizar internet de banda ancha en zonas marginadas. Esto beneficiaría a más de 15 millones de personas en México.
Además, la reforma fortalece a medios comunitarios, incluyendo radios y televisoras indígenas y afromexicanas. Estos podrán usar el espectro radioeléctrico, vender publicidad y recibir financiamiento público.
La senadora María Guadalupe Chavira (Morena) señaló que se busca enfrentar los desafíos de la era digital y cerrar la brecha de acceso.
Nuevas autoridades regulatorias
Otro cambio clave es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su lugar será ocupado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
La ATDT será responsable de regular la conectividad digital, coordinar la identidad digital y garantizar el acceso equitativo a la tecnología.
Para equilibrar su poder, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado con autonomía técnica. Estará integrada por cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Derechos de las audiencias y control de contenidos
La ley obliga a cada concesionario a contar con un defensor de audiencias. Este atenderá quejas por desinformación o calumnias y supervisará códigos de ética. También deberán diferenciar entre contenidos informativos y de opinión.
Además, regula la propaganda de gobiernos extranjeros, limitándola a contenidos culturales, turísticos y deportivos. Este punto se impulsó tras la polémica por los anuncios de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EU, sobre migración ilegal.
Polémica por geolocalización y vigilancia
Uno de los temas más debatidos es la obligación de registrar las líneas telefónicas con datos oficiales. Las operadoras deberán desactivar líneas no registradas en 120 días hábiles.
Asimismo, guardarán metadatos (llamadas, mensajes, ubicación) por hasta dos años. Autoridades como fiscalías, policía y ejército podrán acceder a ellos sin orden judicial, según la oposición.
El senador Ricardo Anaya (PAN) advirtió que esto abre la puerta al espionaje y a la censura. Recalcó que se mantiene la geolocalización en tiempo real sin mandato judicial.
Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) recordó que estas disposiciones existen desde 2014 y requieren mandato judicial, según el artículo 182.
Eliminan artículo para bloquear plataformas digitales
El dictamen original incluía un artículo que permitía al gobierno bloquear temporalmente plataformas digitales. Tras protestas de la oposición y sociedad civil, fue eliminado.
“Eso lo celebramos, son avances”, dijo Anaya. Sin embargo, advirtió que persiste la posibilidad de suspender transmisiones de radio y televisión por violaciones a derechos de audiencias, no solo infantiles.
Oposición advierte censura y control estatal
El PRI y el PAN expresaron preocupación por la posible creación de un “Big Brother del Bienestar”. Denuncian que la ley permitiría al gobierno conocer ubicación, compras, registros médicos y comunicaciones de los ciudadanos en tiempo real.
Rubén Moreira (PRI) afirmó: “El gobierno sabrá todo de ti… te despiertas, ves tu celular, ya lo sabe. Pagas con tarjeta, ya lo registró”.
Manuel Añorve (PRI) señaló que la ley simula competencia, legaliza la censura y viola la Constitución. Acusó que la CRT será un órgano subordinado al Ejecutivo.
Chips solo con identificación oficial
La venta de chips telefónicos también cambiará. Las personas deberán presentar identificación oficial y CURP para comprar un chip o cambiar de número. La presidenta Sheinbaum dijo que esto busca prevenir extorsiones y fraudes.
José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, explicó que las operadoras registrarán los datos, no el gobierno, pero no habrá chips activos sin registro personal.
Reforma con enfoque social, pero persisten dudas
El senador Javier Corral (Morena) dijo que la reforma es más justa e incluyente. Resalta que fortalece a medios comunitarios y reconoce telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general.
Alejandra Barrales (MC) destacó que se escuchó a la sociedad civil y se redujeron facultades de la ATDT de 66 a nueve.
Sin embargo, Acción Nacional insiste en que la ley legaliza el espionaje. Jorge Romero (PAN) señaló que no apoyarán un dictamen que pisotee derechos fundamentales.
Próximos pasos en la Cámara de Diputados
Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados. Allí se esperan nuevos debates sobre los temas más polémicos.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que revisarán las minutas con responsabilidad esta semana. La votación final debe realizarse antes del 2 de julio.
Conclusión: modernización con riesgos
La Ley de Telecomunicaciones avanza hacia la modernización digital, con énfasis social y de inclusión. Sin embargo, el debate sobre derechos digitales, libertad de expresión y privacidad sigue abierto en el Congreso.
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