La reciente aprobación de la Ley de la Guardia Nacional (GN) en la Cámara de Diputados encendió alarmas entre organismos nacionales e internacionales. El proyecto, ahora en el Senado, abre la puerta a una vigilancia estatal más amplia, sin controles democráticos efectivos.
La nueva ley faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para recabar y procesar datos personales y de telecomunicaciones con fines de inteligencia. Según la organización Artículo 19, se trata de “una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”.
Además, Sedena podrá realizar tareas de inteligencia con fines de “seguridad nacional” sin autorización judicial ni mecanismos de control independientes. Se elimina la obligación de permisos judiciales para acceder a datos de telecomunicaciones o geolocalizar dispositivos móviles en tiempo real.
Así, se normaliza el espionaje selectivo por parte de las Fuerzas Armadas, una práctica antes opaca y sin consecuencias legales, como documentó la investigación Ejército Espía, que reveló el uso del software Pegasus contra periodistas y activistas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por estas reformas. Alertó que la Ley de la GN otorga amplias facultades de investigación e inteligencia sin establecer controles democráticos ni mecanismos de rendición de cuentas.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de autoridades civiles, sujeta a controles democráticos, deliberación pública y respeto de los derechos humanos”, señaló la ONU-DH en su cuenta oficial de X.
También advirtió sobre el riesgo para derechos como la privacidad, previstos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no existir salvaguardas efectivas.
Amnistía Internacional (AI) se sumó a esta preocupación. Señaló que permitir a elementos de la GN contender por cargos públicos podría derivar en un control político militarizado. Además, advirtió que la GN tendrá contacto con evidencia antes que el Ministerio Público, lo cual podría facilitar la manipulación de pruebas y fomentar la impunidad.
Las reformas no se limitan al ámbito militar. Cambios a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada establecen la CURP biométrica como requisito para servicios públicos y privados.
Este identificador incluirá huellas digitales y rostros, alojados en una Plataforma Única de Identidad consultable en tiempo real. En paralelo, la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos crea la Llave MX, herramienta de autenticación digital vinculada a la CURP biométrica.
“Centralizar datos tan sensibles puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, advirtió Víctor Ruíz, CEO de la firma de ciberseguridad Silikin.
Otro elemento preocupante es que la reforma permite a la GN realizar operaciones encubiertas, facultad invalidada en 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, la restricción fue eliminada legislativamente.
Organizaciones como Fundar, México Unido Contra la Delincuencia y Amnistía Internacional coinciden en que la vigilancia sin controles ni transparencia convierte al Estado mexicano en un modelo de vigilancia institucional autoritaria.
El paquete de reformas fue aprobado en periodo extraordinario sin consulta ciudadana ni Parlamento Abierto. “No solo se imponen nuevas reglas sin discusión: se hace para blindar una estructura autoritaria en nombre de la seguridad”, advirtió R3D.
Con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la ley que permite, entre otras cosas, que elementos de la GN puedan contender por cargos de elección popular. El proyecto ahora está en manos del Senado para su análisis y aprobación final.
Organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Congreso para frenar estas reformas que, de aprobarse en su totalidad, transformarían el marco legal mexicano hacia un régimen de vigilancia estatal sin contrapesos.
El debate continúa y la presión nacional e internacional crece para que México garantice la protección de los derechos humanos en su estrategia de seguridad.
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