El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un proceso electoral sin precedentes con la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Este evento marca un giro radical en la forma de realizar comicios en el país, ya que, por primera vez en más de tres décadas, se disminuirá la participación ciudadana en el conteo de votos. Los cambios implementados por el Instituto Nacional Electoral (INE) tienen como objetivo abaratar costos, pero han desatado un intenso debate sobre su impacto en la confianza y transparencia del sistema democrático.
Reformas clave: menos casillas, multi-urnas y conteo centralizado
La elección judicial, que contempla la instalación de entre 73,850 y 86,000 centros de votación, tendrá una reducción significativa en comparación con las más de 160,000 casillas instaladas en las elecciones generales de 2024. Esta medida busca optimizar recursos ante un presupuesto ajustado, cuya ampliación a 7,670 millones de pesos aún está en discusión.
Uno de los cambios más controvertidos es la introducción de multi-urnas, que concentrarán todos los votos emitidos en un solo lugar, eliminando las urnas diferenciadas por colores. Tras el cierre de las votaciones, los paquetes electorales se trasladarán a los 300 Consejos Distritales, donde realizarán el conteo oficial, en lugar de llevarse a cabo en las casillas como en procesos anteriores.
Según Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, este nuevo modelo podría afectar gravemente la ciudadanización de las elecciones, un principio que es pilar de la democracia mexicana desde la creación del IFE en 1990.
“Si eliminamos el conteo en casillas, incrementamos las dudas y la incertidumbre. La característica de nuestras elecciones es que son profundamente ciudadanas, y ese carácter se verá afectado”, advirtió.
La ciudadanización: un modelo en riesgo
Desde hace más de tres décadas, las elecciones en México han destacado por su carácter ciudadano. A través de un riguroso proceso, el INE selecciona, capacita y asigna a ciudadanos como funcionarios de casilla para recibir, contar y registrar los votos. Este modelo ha sido esencial para generar confianza en los resultados electorales y combatir el escepticismo hacia las autoridades.
Con la nueva reforma, este rol se limita a recibir los votos, ya que el conteo será realizado exclusivamente por personal del INE en los Consejos Distritales. Aunque el organismo asegura que sus funcionarios están capacitados para garantizar la transparencia del proceso, expertos señalan que este cambio podría aumentar las percepciones de opacidad.
Austeridad versus confianza democrática
La reducción de casillas y la centralización del conteo obedecen a un contexto de austeridad. El INE argumenta que estas medidas permitirán reducir costos asociados a la instalación de urnas, la contratación de Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) y Supervisores Electorales, así como los gastos logísticos en alimentación y energía.
Sin embargo, críticos cuestionan si este ahorro justifica el posible deterioro en la confianza ciudadana. Para muchos, el conteo en las casillas no solo es un acto simbólico de transparencia, sino también un mecanismo efectivo para garantizar que los resultados reflejen la voluntad popular.
Reforma judicial y el impacto en el T-MEC
En paralelo al debate electoral, la reforma al Poder Judicial también ha generado preocupaciones sobre su impacto en los tratados comerciales internacionales, particularmente el T-MEC. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que los cambios en el sistema judicial podrían enviar señales de incertidumbre jurídica a los socios comerciales de México, poniendo en riesgo la estabilidad del acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá.
“Debemos ser inteligentes para evitar que esta reforma genere desconfianza. Si nos ponemos aranceles o Canadá busca un acuerdo bilateral, el impacto económico sería grave, especialmente para Querétaro, donde operan más de 500 empresas estadounidenses”, afirmó Kuri.
Críticas y desafíos del nuevo modelo electoral
El diseño centralizado de la elección judicial plantea varios desafíos:
- Confianza en los resultados: Al eliminar el conteo en casillas, los ciudadanos pierden una instancia directa de verificación, lo que podría alimentar teorías de fraude.
- Accesibilidad: La reducción de casillas podría dificultar la participación en zonas rurales o marginadas, donde los centros de votación podrían quedar más distantes.
- Transparencia: Aunque el INE asegura que el personal de los Consejos Distritales es altamente capacitado, la ausencia de observadores de partidos políticos y el carácter centralizado del conteo generan inquietudes sobre la vigilancia del proceso.
Para muchos, estos cambios representan un paso atrás en la consolidación democrática de México. La elección judicial de 2025 será un parteaguas que pondrá a prueba no solo la efectividad de las reformas, sino también la capacidad del sistema electoral para adaptarse a un modelo menos ciudadano.
La elección judicial de 2025 y su relevancia histórica
Más allá de las controversias, la elección del 1 de junio tiene un carácter histórico. Será la primera vez que los ciudadanos elegirán directamente a jueces, magistrados y ministros, un modelo inspirado en sistemas de justicia de países como Estados Unidos.
Esta elección también busca responder a críticas sobre la falta de independencia del Poder Judicial y su desconexión con las demandas sociales. Al permitir que la ciudadanía participe en la selección de juzgadores, se espera fomentar una justicia más cercana y representativa.
Sin embargo, para que este modelo sea exitoso, será fundamental garantizar que el proceso electoral sea transparente, accesible y confiable. La implementación de multi-urnas y el conteo centralizado son intentos de modernización que deben ser evaluados a la luz de su impacto en la participación y percepción ciudadana.
Reflexión final: un sistema en transición
México enfrenta un momento de transición en su democracia. Las reformas en el sistema electoral y judicial buscan responder a demandas de eficiencia y transparencia, pero también plantean riesgos significativos que podrían socavar los avances logrados en las últimas décadas.
La elección judicial de 2025 será un experimento audaz que podría redefinir el papel de los ciudadanos en los comicios. Sin embargo, es esencial que el INE y las autoridades federales trabajen para garantizar que estas reformas no comprometan la confianza pública en el sistema electoral.
Al final del día, la democracia no se mide solo por la eficiencia de sus procesos, sino por la confianza y participación de su ciudadanía.
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