A pesar de la reciente renovación en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, activistas señalan que no ha habido cambios significativos en la atención a los casos de personas desaparecidas. Yadira González Hernández, fundadora del Colectivo Desaparecidos Querétaro, destacó que persisten omisiones, retrasos y falta de apertura hacia los colectivos de búsqueda.
González Hernández lamentó que, tras la toma de protesta del nuevo fiscal, Víctor Antonio de Jesús Hernández, el pasado 23 de agosto, no se haya establecido un acercamiento con los familiares de desaparecidos ni con los colectivos que los apoyan. A pesar de haber solicitado mesas de trabajo y de realizar llamados a la dignidad y a la atención de las familias, la situación sigue siendo similar a la vivida con el exfiscal Alejandro Echeverría.
No hay trabajo conjunto ni coordinación
Según la activista, las omisiones y retrasos en las investigaciones violan los derechos de las víctimas y no respetan el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este protocolo establece que los familiares deben ser parte activa en las búsquedas y que las autoridades deben mantener una comunicación constante y transparente sobre el avance de las investigaciones.
González Hernández señaló que la falta de trabajo conjunto y de coordinación institucional ha generado violaciones a los derechos de los familiares, quienes continúan esperando respuestas y apoyo por parte de las autoridades. Actualmente, Querétaro tiene más de 600 casos de desapariciones, con mayor incidencia en los municipios de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.
Por su parte, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández aseguró que hay apertura para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos, y que en breve se podrían concretar mesas de trabajo. Sin embargo, las familias y los colectivos continúan demandando una atención efectiva y un compromiso real por parte de la Fiscalía para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos.
Este panorama refleja la urgencia de mejorar la coordinación y el respeto a los protocolos establecidos para que las familias afectadas reciban el apoyo necesario y se logren avances en las investigaciones.
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