Seguridad y fuerzas armadas, un debate politizado

8

febrero

Autor: Zansmez

Artículo publicado originalmente por Excélsior

POR IGNACIO ANAYA

Ciudad de México, 8 Febrero.- En México nadie festeja que militares y marinos enfrenten al crimen organizado en las calles, en parques o en centros comerciales, carreteras ni tampoco dentro de las comunidades rurales. Nadie apuesta por sostener esa lucha que inevitablemente es violenta; nadie la quiere, ni siquiera las propias fuerzas armadas.

Tampoco en este país existe complacencia frente a las corporaciones policíacas, sean estatales o municipales, que están mal preparadas, sin equipamiento moderno, con salarios miserables, temerosas o cautivas tanto de los chantajes como de los anzuelos de corrupción que los grupos delictivos les lanzan.

Dos contundentes realidades que, como sucede con casi todos los temas de la agenda nacional, han tejido una confrontación ideológica respecto a si las fuerzas armadas deben o no realizar tareas de seguridad. Debate parcial por cuanto se desentiende de la creciente capacidad operativa del crimen organizado, paralela a la incapacidad de los gobernadores de crear policías profesionales.

El sesgo político del debate se agudiza porque también la opinión pública es arena de otra lucha no menos importante: el proceso político electoral para renovar presidencia, congreso, algunas gubernaturas y muchas diputaciones locales, así como alcaldías.

Sin embargo, paralelamente existe una realidad a la que poco se le ofrece atención, seguramente porque no está politizada: para gran parte de la ciudadanía los militares y marinos deben continuar luchando contra las estructuras delictivas. Son voces que necesitan incorporarse para equilibrar esta realidad difícil de conciliar, en un país donde los extremos se estiran y la radicalidad se fortalece.

En este 2018 la moneda al aire. A lo largo de la actual administración se han registrado homicidios de autoridades municipales y estatales. Nada descarta que, como ha sucedido en otros procesos electorales, de nueva cuenta el crimen organizado busque influir en la definición de abanderados regionales para los comicios del 1 de julio, agudizando el debate sobre la inseguridad.

Por eso es indispensable la respuesta federal en tareas de inteligencia, vigilancia, protección o lucha abierta no sólo contra el narcotráfico sino contra las diversas estructuras criminales fuertemente armadas, muy organizadas, que están provocando efectos indeseados en la vida económica de distintas localidades. La violencia permanece junto al desplazamiento de pueblos enteros, la desaparición de personas, las movilizaciones de protesta, así como la creciente percepción de inseguridad y pérdida de confianza en las instituciones de la república.

A continuación, se ofrecen elementos para ampliar los marcos de referencia respecto a la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interior de México, sin esa predisposición de politizarla, como si no fuera posible aproximársele desde otra perspectiva.

OPERACIÓN CONJUNTA MICHOACÁN

El 11 de diciembre de 2006, en el marco de la Operación Conjunta Michoacán, las fuerzas armadas mexicanas se movilizaron por primera vez de manera frontal contra los cárteles de narcotraficantes; se dijo de diversas formas que una de las metas era recuperar los espacios públicos. Fue la primera medida del presidente Felipe Calderón Hinojosa, para la cual contó con la colaboración del gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel. Una alianza pragmática, difícilmente ideologizada, porque ambos políticos se formaron en la oposición desde posiciones distintas, derecha e izquierda, respectivamente.

Dentro de este operativo la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el desplazamiento de 4,260 elementos, 17 aeronaves de ala fija, 29 aeronaves de ala rotativa, 19 binomios canófilos y 246 vehículos terrestres. Por su parte, la Secretaría de Marina reveló que se enrolaban en este operativo 1,054 elementos, siete helicópteros MI-17, dos helicópteros Bolco, dos aviones Aviocard de patrulla equipados con cámara para detección nocturna, tres patrullas interceptoras y una patrulla oceánica en versión trinomio con helicóptero embarcado.

La Secretaría de Seguridad Pública aportó 1,400 elementos, 900 de Fuerzas Federales de Apoyo. También 300 elementos de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, 10 unidades caninas además de 220 elementos de unidades de Inteligencia y Operación de la Agencia Federal de Investigación; así como tres helicópteros para el traslado de unidades de operación y otros tres de reconocimiento operativo, un autotanque para transporte y suministro de combustible, tres unidades móviles de detección de rayos gamma. La Procuraduría General de la República, a su vez, dispuso de 50 agentes del Ministerio Público Federal.

Entre los objetivos establecidos destacó la erradicación de plantíos ilícitos, el establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, la ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, y la ubicación y desmantelamiento de puntos de drogas. Asimismo, se determinó impulsar el establecimiento de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia en el Cuartel General de la 43 Zona Militar, en Apatzingán.

Se trató de una impresionante combinación de fuerza, equipamiento y logística. En este contexto inició el actual debate sobre el uso de las fuerzas armadas en actividades distintas, llegándose a cuestionar si el gobierno de Calderón Hinojosa iniciaba una “guerra interna” y cuánto tiempo duraría el operativo. La profunda división política del país generó que también la lucha contra el narcotráfico se politizara. El uso de la fuerza fue criticado desde linderos ideológicos alimentados discursivamente por los excesos o efectos colaterales derivados del uso de la fuerza por parte del aparato de Estado, que en algunos casos, ciertamente, constituyeron para la Comisión Nacional de Derechos Humanos violación de garantías constitucionales.

DERECHOS HUMANOS

Al orientar la fuerza del Estado hacia escenarios de seguridad interior, el presidente Felipe Calderón también expuso a los militares y marinos al escrutinio de la agenda de derechos humanos. Definitivamente enfrentar sicarios o destacamentos irregulares de delincuentes bien pertrechados, escondidos entre la población, iba a generar circunstancias extremas relacionadas con el uso de la fuerza.

Fueron muchas las operaciones de los uniformados y por ello hubo denuncias ante la CNDH en contra de las fuerzas armadas, algunas sustentadas y otras sobredimensionadas con sesgos mediáticos. Éstas ya eran habituales en contra de policías municipales, estatales y federales.  Los militares y marinos cayeron en esa dinámica. Era un riesgo y se presentó.

Este es un tema delicado al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina: enviar militares a realizar tareas de seguridad interior conlleva muchos riesgos, particularmente frente a una sociedad civil recelosa que poco se vincula, dicho sea de paso, al sentimiento de la gente de a pie. Por eso, no sólo en este país, prácticamente en todo el planeta las instituciones armadas han debido desplegar acciones para incorporar la agenda de los derechos humanos en sus protocolos de actuación, incluso contra delincuentes. En el caso de México, la transparencia ha generado condiciones para que los uniformados asuman ese compromiso por el cual se crearon áreas en materia de derechos humanos dentro del ejército y de la armada. Desde ahí se han ido aceptando las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Así, la SEDENA comparte en su portal web el listado de las 124 recomendaciones emitidas entre 2007 y 2016 por la CNDH, todas aceptadas. De este total, 18 se encuentran en fase de cumplimiento. Por su parte, la SEMAR ha subido también a su portal un listado similar con 124 recomendaciones emitidas por la CNDH y aceptadas, también entre el 2007 y 2016, de las que 19 aún están en fase de cumplimiento.

La agenda de los derechos humanos ya está dentro de la estructura militar, se trata de un componente importante derivado de la lucha contra el crimen organizado, pero también es resultado de un proceso de transparencia hacia el interior del ejército y la armada.

¿QUÉ OPINA LA POBLACIÓN?

Para desideologizar el debate sobre la presencia de fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, hay que atender la opinión de la población, porque precisamente ese propósito de “recuperar espacios” es el que tiene mayor demanda.

Del 12 al 13 de diciembre de 2017, BGC-Excélsior realizó una encuesta telefónica en el país sobre el desplazamiento de militares en tareas de seguridad, 99 por ciento de la población estuvo de acuerdo en que dichas corporaciones auxilien dentro en las zonas afectadas por desastres naturales.

En el caso específico de la lucha contra los cárteles de narcotraficantes, el 65 por ciento de los consultados consideró que los uniformados deberían actuar de manera permanente mientras que 26 por ciento lo condicionó a que la policía esté ausente. Frente al crimen organizado en general, 63 por ciento consideró que sí debe haber una intervención abierta y sostenida, mientras 28 por ciento lo condicionó a la falta de policías. Ante las guerrillas, 60 por ciento consideró que debe haber una respuesta permanente de las fuerzas armadas frente a 27 por ciento que lo acepta siempre y cuando falte capacidad operativa a las policías.

Durante los últimos dos sexenios la participación de militares y marinos se ha concentrado en dos campos: combate al narco y combate al crimen organizado. Quienes se oponen a que haya fuerzas armadas en la lucha contra ambas estructuras delictivas representan 6 y 7 por ciento, respectivamente. Este porcentaje sube a 9, en el caso de los grupos guerrilleros. Se trata de una posición ideológica.

La participación de militares y marinos en otros escenarios también quedó registrada en el trabajo de BGC-Excélsior. Más allá de si hay capacidad operativa o no de las policías, 40 por ciento está de acuerdo que los militares enfrenten a la delincuencia común, 31 que se desplieguen para contener protestas violentas e incluso el 18 para controlar protestas sociales. En este último punto es donde la negativa rotunda a que las fuerzas armadas se involucren alcanza 41 por ciento. Sin duda es el tema más sensible y del que más se especula en amplios segmentos de opinión respecto a por qué no debe haber militares ni marinos en las calles, pues se ha difuminado el temor a que las demandas políticas o de protesta social puedan derivar en represión.

Este trabajo también señala que para gran parte de la población las fuerzas armadas deben constituir un recurso a la mano frente a retos de seguridad y orden en el ámbito público. El hecho de que varias respuestas condicionen la presencia militar a la circunstancia de que “cuando la policía no pueda” revela la desconfianza o poca credibilidad que ofrecen las policías estatales y municipales. ¿Cuántos en estas entrevistas avalan que haya fuerzas armadas de manera prolongada? El dato aportado es muy significativo: 59 por ciento está de acuerdo en tanto que 37 no lo acepta, al considerar que se trata de funciones de las policías y porque persiste la convicción de que las fuerzas armadas deben encargarse solo de la seguridad nacional.

En diversos momentos Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, ha declarado que existen 1,800 policías municipales para más de 2,400 municipios. Ha señalado que algunos ayuntamientos cuentan con solo 10 policías y dos patrullas, y que en muchos municipios no hay un solo policía. Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentan estado por estado esta alarmante realidad.

Las razones que justifican el desplazamiento de fuerzas federales resultan contundentes. No obstante, el punto de debate también está relacionado con que el concepto de seguridad interior permanece estático. Todo indica que una tercera parte de la opinión pública desconoce -o de plano le parece innecesario reflexionarlo- cómo la inseguridad interior ha crecido a tal nivel que revela la inoperatividad de los cuerpos policiacos y cómo esta disfunción institucional tampoco está vinculada a la creciente operación de grupos armados organizados para delinquir con estupefacientes, secuestros, robos a sistemas de transporte o bienes almacenados, extorsiones, chantajes y trata de personas, entre muchos más.

Por ello, es importante buscar en otros indicadores las razones por las cuales tanta población acepta que militares y marinos realicen en los hechos labores policiacas. Consulta Mitosfky reveló que existe una tendencia creciente a la insatisfacción de la población en materia de seguridad. En 2017 ésta pasó del 19 al 15 por ciento, “el valor más bajo en los nueve años medidos”. En contraste, empresa de investigación advierte que ha crecido el temor ciudadano a ser víctima de delitos: en el caso del robo a mano armada subió de 48 a 59 por ciento y en el caso del secuestro de 41 a 52 por ciento, llegando en ambos casos al nivel que se tenía en 2012, año de mayor crisis del gobierno calderonista.

De acuerdo con la XVII Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, realizada en agosto de 2017 a mil personas en el país, la percepción de inseguridad alcanzó 80.7 por ciento. Para 48.2 por ciento de los mexicanos el principal problema del país es de seguridad, mientras que 45.6 considera que el principal problema es el económico. Para bien o para mal, se mantiene la desconfianza respecto a lo que realmente está pasando en este rubro, incluso sobre lo que se divulga en los noticieros: 54 por ciento considera que los medios de comunicación no informan todo lo que ocurre y que omiten cosas graves.

En la Encuesta Nacional en Viviendas “Confianza en Instituciones 2016”, realizada por Consulta Mitosfky, sobresale la percepción de que a pesar del deterioro de confianza, el ejército sigue proyectando credibilidad para la población, junto con las universidades y la iglesia. De acuerdo a dicho estudio, entre las peores instituciones se encuentra la policía, lo que también explica por qué para tanta gente los militares tienen que permanecer en tareas de prevención y combate a la delincuencia. En todo este contexto local y global, se entiende que la seguridad nacional trasciende el cuidado de las fronteras y el ámbito de la diplomacia.

En las últimas décadas se han presentado eventos que atentan contra la estabilidad de muchas naciones. Grupos terroristas y de narcotráfico, así como organizaciones del crimen organizado han generado alertas que se suman a los desastres naturales o accidentes de gran magnitud. Este es el contexto por el cual, en gran parte del mundo, la política de seguridad interior se ha modificado dramáticamente; distintos factores ponen en riesgo la paz, el desarrollo y la democracia de las naciones, ya no solo desde el exterior sino y, principalmente, desde su interior.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

El 14 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, orientada a regular el uso de las fuerzas armadas cuando deban salir de sus cuarteles. Como ya se señaló, una actividad sistemática desde diciembre de 2006.

Esta ley se ha interpretado bajo dos perspectivas: que da certidumbre a las fuerzas armadas respecto de sus misiones en materia de seguridad, pero también supone que, con dicha medida, se está dando pasaporte a la militarización del país, que bajo esta óptica resta libertades.

Hay mucha imaginación por parte de esas voces. “Militarizar” significa que la jurisdicción militar determina las actividades de la sociedad mediante sus leyes, sus usos y costumbres, sobre todo, su disciplina. Por el contrario, la salida del ejército y la armada a las calles para enfrentar criminales ha provocado un mayor acotamiento sobre dichas instituciones. Hoy sabemos más de ellas. Al salir de sus cuarteles y bases quedaron expuestas al escrutinio público. Hoy la trasparencia es una política obligada sobre sus numeralias y movimientos. También -como ya se anotó- hoy existe un marcaje ciudadano, periodístico e institucional sobre el respeto de las garantías constitucionales por parte de ambas corporaciones. ¿Militarización? Definitivamente no. En todo caso estamos ante la reconceptualización de las fuerzas armadas a partir de su mayor visibilidad.

En realidad, la citada ley no va a incrementar el número de fuerzas armadas en tareas de combate contra el crimen organizado. Se trata de un ordenamiento jurídico que busca, mediante “Declaratorias de Protección a la Seguridad Interior” a cargo del Ejecutivo, ordenar, regular y transparentar las medidas del Estado para enviar tropas o desplegar acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional hacia lugares específicos donde la delincuencia atente contra la seguridad interior. Ese es el propósito de la ley que no está constreñida a la movilización del ejército, marina y fuerza aérea, pues rige también para las policías federales, además de ordenar la coordinación de recursos, así como labores de inteligencia

En los hechos, la Ley de Seguridad Interior lo que hace es regular el uso de la fuerza por parte de las instituciones militares, subraya el componente de coordinación y delega en el Ejecutivo la responsabilidad del comportamiento de las fuerzas armadas, una tarea que sistemáticamente se le reclama al presidente de la república. Además, en la citada ley se ha puntualizado que de ninguna manera las protestas sociales o los conflictos políticos electorales son contemplados como amenazas a la seguridad interior, al tiempo que se subraya el componente de derechos humanos, así como la notificación de las movilizaciones a la propia CNDH.

Por otra parte, esta ley permite decantar las amenazas o riesgos consignados en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional. Quizá un error gubernamental ha sido evitar la difusión de esos escenarios y haber tardado tanto tiempo en distinguir las acciones que ponen en riesgo al país de las que amenazan a sus habitantes.

ENTONCES, ¿HACIA DÓNDE?

La fortaleza institucional de las fuerzas armadas se dimensiona cuando atiende expectativas sociales, una de ellas la exigencia de certeza dados los elevados niveles de violencia criminal.

No por otra cosa la seguridad interior ha crecido en la agenda pública: el crecimiento de grupos armados y la conformación de organizaciones delictivas que secuestran y extorsionan, la fragilidad de nuestras fronteras, la imparable ola migratoria, las amenazas de terrorismo, así como la dinámica de nuestra geografía y los desastres naturales son una realidad que desafía al país. La globalidad hay que comprenderla con la inserción de nuestra economía en el mercado exterior, pero también por la equivalencia de las alertas que amenazan la seguridad interior de prácticamente todas las naciones.

Las voces críticas han interpretado la redacción de la Ley de Seguridad Interior desde una lógica política, por lo cual se ha construido también una controversia que tocará resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo ideal sería que tanto los militares como los marinos permanecieran en sus cuarteles y bases, que no salieran a combatir al crimen organizado. Incluso, lo mejor sería que las corporaciones policiacas tuvieran capacidad para garantizar la tranquilidad de la población. Pero los ideales en materia de seguridad no existen.

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